ERC y EH Bildu defenderán este miércoles en el Senado una moción para que el Gobierno reconozca el supuesto déficit fiscal e inversor que atribuyen a Cataluña desde hace décadas.
El Pleno del Senado debatirá este miércoles una moción de ERC y EH Bildu, que forman el Grupo Izquierdas por la Independencia en esta sede parlamentaria, en la que se insta al Gobierno a reconocer el «agravio económico estructural» que supuestamente padece Cataluña como consecuencia del «déficit fiscal persistente» y del «déficit inversor acumulado» en infraestructuras durante las últimas décadas.
En la moción de estos dos partidos, se exige además al Ejecutivo que impulse «un nuevo modelo de financiación» para Cataluña y publique anualmente «las balanzas fiscales y los datos de inversión estatal territorializada».
La moción reclama, en su punto sexto, que el Pleno inste al Ejecutivo a «reconocer el agravio económico estructural que sufre Catalunya por el déficit fiscal persistente y el déficit inversor acumulado en infraestructuras», déficits que, según los promotores, «reducen la capacidad del país para garantizar servicios públicos, vivienda asequible, movilidad cotidiana y bienestar social».
En el séptimo y último punto, el texto plantea impulsar ese «nuevo modelo de financiación» para Cataluña y la publicación anual de las balanzas fiscales y los datos de inversión territorializada, con el fin de garantizar «transparencia, corresponsabilidad fiscal y mecanismos automáticos de compensación» cuando la inversión ejecutada quede por debajo de la presupuestada en los Presupuestos Generales del Estado.
«TRANSFERENCIA ESTRUCTURAL DE RECURSOS»
Para sostener ese diagnóstico, el grupo parlamentario cita los últimos datos de la balanza fiscal de la Generalitat, que registró en 2022 un déficit con el sector público central de 21.092 millones de euros, equivalente al 8,2% del PIB catalán y una «transferencia estructural de recursos» que, según el texto, «no retorna en forma de servicios, inversión o bienestar».
A esa cifra suman los proponentes un «déficit inversor crónico» en infraestructuras que, según el último informe de Foment del Treball citado en la moción, asciende a 49.543 millones de euros entre 2009 y 2025. Esa merma, advierten, se traduce en «menos trenes fiables, menos vivienda pública, menos capacidad productiva y menos competitividad».
La iniciativa reclama también al Gobierno incrementar el Salario Mínimo Interprofesional estatal hasta un 60% del salario medio e impulsar las modificaciones legislativas necesarias para establecer un salario mínimo propio en Cataluña, una cuantía que, según los cálculos del grupo, debería situarse en torno a los 1.460 euros mensuales actualizables mediante IPC.
En materia de vivienda, el texto solicita la aplicación de los índices de contención de precios «a los alquileres de temporada y de habitaciones», el refuerzo de los instrumentos en zonas tensionadas, la movilización de la vivienda vacía y el traspaso «a título gratuito» a la Generalitat de los activos residenciales de Sareb y Sepes situados en Cataluña.
«MÁS INTERVENCIÓN PÚBLICA»
La moción incluye además reformas legales urbanísticas que «simplifiquen los trámites» para construir vivienda social a gran escala, «prohibiendo su reversión al sector privado», y un avance hacia un sistema fiscal «más justo y redistributivo» que refuerce la tributación efectiva de los grandes patrimonios, las rentas del capital, los beneficios extraordinarios y los grandes tenedores inmobiliarios.
El texto recuerda que, según el Informe Social de Cataluña 2025, el 1% más rico de la comunidad acumula el 27,5% de la riqueza, «casi cinco veces más» que el 50% más pobre, y que la ciudadanía catalana destina de media el 95% de su salario «a cubrir necesidades básicas» pese a la bonanza macroeconómica.
Sobre la presión inmobiliaria, los promotores subrayan que tres de cada diez hogares de alquiler en la comunidad destinan el 40% o más de sus ingresos al pago de la vivienda y que una familia arrendataria necesita «de media 20 años de ahorro» para poder adquirir una vivienda de segunda mano en el mercado actual.
La iniciativa concluye que la «bonanza macroeconómica no puede considerarse un éxito si no llega a la vida material de la mayoría» y reclama «más intervención pública, más redistribución y más protección social», lo que, a juicio de los firmantes, «se paliaría en buena medida» si Cataluña dispusiera de «mayor soberanía fiscal, laboral y habitacional».