Eliminar la pobreza en España requeriría 24.000 millones anuales, según un estudio del Ivie y la Fundación Ramón Areces que revela fuertes diferencias territoriales.
Eliminar la pobreza en España costaría 24.000 millones de euros anuales, el 1,8% del PIB, aunque con “grandes diferencias” entre comunidades autónomas, según desvela la monografía ‘Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios’, publicada este miércoles por la Fundación Ramón Areces y el Ivie y que ha sido elaborada por el equipo de investigación del Ivie dirigido por Carmen Herrero e integrado por Antonio Villar y Carlos Albert.
Según el estudio, en 2025 el 19,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza, una tasa que se ha reducido un 12% entre 2015 y 2025, mientras el porcentaje de personas que sufren pobreza extrema o exclusión ha caído un 28% en ese mismo periodo hasta situarse en el 8% en 2025.
En paralelo, también se ha reducido la desigualdad dentro de este colectivo, dado que, si en 2015, el 50,4% de las personas en riesgo de pobreza estaba también en riesgo de exclusión, en 2025 ese porcentaje se recortó en casi diez puntos, hasta el 41,3%.
En este contexto, eliminar el riesgo de exclusión tendría un coste alrededor de 8.800 millones de euros anuales, lo que representa un 0,7% del PIB de cada uno de los años del periodo analizado.
El estudio detecta diferencias significativas en el riesgo de pobreza y exclusión tanto entre comunidades autónomas, como entre colectivos (jóvenes, mujeres, trabajadores con empleo temporal) y propone una orientación “más específica” de los instrumentos de protección social.
Otro aspecto “destacable” que muestra este estudio es que tener un empleo no garantiza eludir la pobreza, ya que un 33% de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas.
Además, aunque la tasa de pobreza de la población ocupada se ha reducido desde el 14,8% de 2015 hasta el 11,6% de 2025, sigue siendo “muy elevada” en algunas comunidades autónomas. En Andalucía alcanza el 17,4%, mientras que en Navarra la probabilidad de que las personas con trabajo entren en riesgo de pobreza es solo del 6%.
GRANDES DIFERENCIAS
Junto a ello, existen también “grandes diferencias” entre comunidades con respecto al volumen de recursos necesarios para acabar con la pobreza. La renta media de la población en riesgo de pobreza era de 4.869 euros anuales a nivel nacional en 2023, mientras que la renta media de las personas en esta situación de Navarra baja hasta los 4.128 euros y, en Islas Baleares, a 4.362 euros.
En el lado contrario, la población en riesgo de pobreza de Galicia cuenta con una renta media de 5.498 euros, seguida de Extremadura, con 5.325 euros y, en el caso de las personas en riesgo de exclusión, la renta media en España de 2.849 euros anuales oscila entre los 2.090 euros de mínima en Islas Baleares y los 3.397 de máxima en Aragón.
A partir de estos datos, el estudio muestra las diferencias regionales en cuanto a la renta que cada comunidad necesitaría para acabar con el riesgo de pobreza en su territorio. En términos de PIB, la situación es “muy variada” según las autonomías, ya que, si a nivel nacional habría que destinar un 1,8% del PIB (24.000 millones de euros), en Andalucía se requeriría un 3,9% de su PIB, frente al País Vasco, donde bastaría con destinar el 0,6%.
Más allá de ofrecer las cifras concretas de pobreza y exclusión y las diferencias entre regiones, el trabajo realizado construye dos índices sintéticos para establecer una clasificación de las regiones según la evolución de estos grupos de población entre 2015 y 2023.
El ranking que surge del indicador sintético ordinal que se construye, con variables como el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión, la renta necesaria para eliminar la pobreza y la desigualdad entre la población en riesgo de pobreza, establece cinco grupos de comunidades en función de su avance o retroceso a lo largo de periodo analizado.
En el primer grupo se consolidan las regiones líderes con mejores resultados (País Vasco, Aragón, Cantabria y Cataluña); en el segundo grupo se sitúan las comunidades con mejoras sostenidas a lo largo del periodo (Madrid y La Rioja) y el tercer escalón agrupa a regiones que han registrado retrocesos destacados (Navarra y Asturias).
El cuarto grupo son las regiones que se mantienen siempre en posiciones intermedias (Galicia, Islas Baleares, Extremadura y Castilla y León) y, por último, una zona baja en la que se incluyen Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, aunque esta última ha ganado posiciones desde 2015.