El Gobierno asturiano defiende en la Junta del Principado una ley para garantizar derechos del colectivo LGTBI y dar cobertura jurídica a medidas ya aplicadas

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido en la Junta General el proyecto de Ley para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y sus familias, una norma con la que el Gobierno del Principado busca situar Asturias al nivel del resto de comunidades en la protección de los derechos del colectivo LGTBI.

Durante su intervención, Zapico ha recordado que Asturias continúa siendo una de las dos únicas comunidades, junto con Castilla y León, sin legislación específica de protección para el colectivo, una situación que ha definido como una “anomalía democrática” que debe corregirse con determinación tras más de una década de retraso respecto a otros territorios.

A su juicio, el proyecto se ajusta plenamente al marco establecido por la ley estatal 4/2023 y a las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y no discriminación. En este sentido, ha subrayado que su objetivo es garantizar la igualdad real y efectiva de derechos, prevenir situaciones de discriminación y violencia, y reforzar la protección institucional hacia las personas LGTBI y sus familias.

“Los poderes públicos tenemos la obligación de elaborar normas y activar políticas públicas para erradicar la discriminación y garantizar derechos para toda la ciudadanía”, ha señalado.

Zapico ha incidido en que la norma no recorta ni colisiona con otros derechos ya consolidados, sino que amplía derechos ciudadanos, fomenta el respeto a la diversidad y ofrece un marco jurídico estable para actuar frente a situaciones de discriminación.

Igualmente, ha alertado sobre el incremento de la violencia y discriminación contra las personas LGTBI y ha defendido la necesidad de actuar con firmeza ante esta realidad. Según los datos provisionales expuestos durante la comparecencia, en los cuatro primeros meses del año se han atendido una treintena de casos, frente a los 41 registrados en todo 2025. “Ante situaciones de esta naturaleza, no es posible mirar hacia otro lado”, ha afirmado.

Seguridad jurídica para educación y sanidad

El titular de Derechos Ciudadanos ha destacado que buena parte de las medidas incluidas en el texto responden a demandas planteadas desde ámbitos como la educación y la sanidad, en las que desde hace años se vienen aplicando actuaciones específicas de atención al colectivo, pero sin el respaldo de una norma autonómica integral. Como ejemplos, ha citado el protocolo de prevención, detección e intervención frente a conductas que atenten contra la orientación e identidad sexual en centros educativos, aprobado en 2023, así como la atención sanitaria especializada que se presta desde la unidad de identidad de género de Avilés desde 2007.

“Nuestra obligación es dotar de un marco jurídico seguro a quienes sostienen nuestros servicios públicos esenciales”, ha indicado.

En su comparecencia, ha rechazado las interpretaciones que reducen el alcance del proyecto a una norma dirigida exclusivamente a un sector del colectivo, y ha insistido en que se trata de una ley integral para garantizar derechos a las personas LGTBI y sus familias.

Además, ha puesto en valor el proceso de elaboración del texto, construido mediante diálogo con asociaciones, familias, profesionales y personas expertas y ha agradecido la labor del equipo jurídico coordinado por la profesora de Derecho Constitucional María Valvidares.

Llamamiento al consenso parlamentario

El consejero ha defendido el trabajo realizado para construir una mayoría parlamentaria que permita aprobar una norma sólida y duradera y ha reiterado su disposición a incorporar aportaciones durante la fase de enmiendas. “Las leyes que perviven en el tiempo son aquellas que suman mayorías amplias”, ha señalado. En este marco, ha apelado directamente al Partido Popular para que se sume al acuerdo durante la tramitación parlamentaria.

“El Partido Popular está en la encrucijada y va a tener que optar: o se sitúa con Vox, el odio y la España en blanco y negro, o se sitúa con los grupos progresistas que defendemos a quien se siente diferente y a quien ama en libertad”, ha concluido.