Berlín, 28 ene (dpa) – La canciller alemana, Angela Merkel, se reunió hoy en la Cancillería de Berlín con sus socios en el gobierno de coalición, el socialdemócrata Sigmar Gabriel y el cristianosocial Horst Seehofer, en un intento por poner fin a las disputas internas en torno a la política de refugiados.
En el centro de la discusión se encuentra, sobre todo, la necesidad de alcanzar un acuerdo en la cuestión de la reagrupación familiar, entre otros asuntos, para poder sacar adelante el nuevo paquete de medidas de asilo, cuya base se acordó ya en noviembre.
La Unión Cristianodemócrata (CDU), el Partido Socialdemócrata (SPD) y la Unión Cristianosocial (CSU) llevan semanas enzarzados en un rifirrafe sobre la mejor manera de hacer frente a la fuerte afluencia de refugiados al país, que en 2015 llegaron a los 1,1 millones.
La CSU ha amenazado con acudir al Tribunal Constitucional si no se limita la entrada de refugiados al país y reclama una cuota máxima de 200.000 refugiados al año. Sin embargo, desde el SPD y la CDU abogan por sacar adelante una serie de medidas para reducir el número de solicitantes de asilo, pero sin establecer un límite anual.
Posteriormente, Merkel se reunirá con los primeros ministros de los estados federados alemanes para hablar sobre las deportaciones, una posible limitación del derecho de residencia de los refugiados a un lugar determinado del país y sobre la introducción de nuevos países como Marruecos, Argelia y Túnez a la lista de «Estados de origen seguros».
Alemania quiere agilizar las solicitudes de asilo y las deportaciones de las personas que no cumplen con los requisitos para solicitar protección como refugiados.
El paquete de asilo II contempla una limitación del derecho de reagrupación familiar para aquellas personas que sólo disfrutan de «protección subsidiaria». La coalición de gobierno lleva meses discutiendo sobre este punto.
«Protección subsidiaria» significa que estas personas no tienen derecho a recurrir a la ley de asilo, pero que en sus países de origen sufren peligro de sufrir un «grave perjuicio». Quien disfruta de esta protección, recibe permiso de residencia para sólo un año.