El Congreso de los Diputados retomará la Proposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española después de un año paralizada tras su admisión a trámite.
Después de la toma en consideración de la iniciativa de Sumar en marzo de 2025, se constituirá la ponencia, al haber accedido el PSOE a la petición de su socio de Gobierno después de que, a instancias del Consejo de Estado, los saharauis quedaran fuera de la regularización de inmigrantes por arraigo o asilo si no renunciaban a su condición de apátridas.
La proposición de ley la registró Sumar en noviembre de 2023 (en febrero de ese año ya lo había hecho Unidas Podemos, pero caducó por la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales), y todo el Pleno del Congreso salvo el PSOE, condicionado por su relación con Marruecos, aprobó su toma en consideración en marzo de 2025.
La iniciativa preveía nacionalizar a los saharauis que hubieran sido ciudadanos españoles (los nacidos hasta 1976) y sus descendienes directos en un plazo de dos años desde que lo solicitaran. Sin embargo, esa misma relación del Gobierno con Marruecos había postergado la tramitación de la iniciativa durante un año.
Según fuentes de Sumar, el cambio de los socialistas ahora se debe a la mejora de la relación con Argelia y a la presión por haber quedado los saharauis fuera de la regularización de inmigrantes, al considerar el Consejo de Estado, y acatar el Gobierno, que el procedimiento de apatridia es de distinta índole que la regularización por arraigo o petición de asilo.
LA PROTESTA DE TESH SIDI
Esta excepción la denunció vehementemente la diputada saharaui de Sumar Tesh Sidi, que culpó a ambos partidos del Gobierno por esta discriminación. Sumar, que aseguraba que su inclusión en el decreto la realizó el PSOE en el último momento después de haber recibido el informe del Consejo de Estado, quería impulsar, al menos, la aceleración de los permisos de residencia y trabajo a los saharauis apátridas, para equiparar su situación a la de los inmigrantes regularizados.
Fuentes de Sumar interpretan que el PSOE y el Consejo de Estado querían evitar a toda costa que los inmigrantes saharauis, al tener que presentar sus antecedentes penales de acuerdo con el requisito impuesto por dicho órgano consultivo, tuvieran que solicitarlos a la autoridad de una república del Sahara Occidental que propiamente no existe, mucho más cuando el Gobierno socialista ha asumido el planteamiento de Rabat de limitarla a una región autónoma.
La nacionalización de los saharauis se dirige a los miembros de esta etnia que no deseen conservar la condición de apátridas, pero abrirá otra vía para la regularización de este colectivo, y acelerar un procedimiento que viene prolongándose durante unos 10 años.
Sumar, con su portavoz de Interior y Justicia, Enrique Santiago, a la cabeza, ha condensado en cinco o seis enmiendas transaccionales las demandas que habían planteado los grupos parlamentarios, con el objeto de incorporarlas a la proposición en un par de sesiones y enviar el texto a su tramitación en la Comisión de Justicia.
Sin embargo, las fuentes consultadas no tienen claro que el Partido Popular, por la índole etérea de sus enmiendas, vaya a ser consecuente con su voto a favor de la toma en consideración de la proposición de ley hace un año y dos meses. Si el PP y el PSOE a la vez se negaran a apoyarla, la iniciativa de Sumar estaría condenada. Las cartas comenzarán a mostrarse en la ponencia que se constituye este martes.