Estambul, 20 ago (dpa) – Una corte turca levantó la prohibición de salir del país a la periodista alemana Mesale Tolu, arrestada el año pasado y acusada de propaganda y pertenencia a una organización terrorista, informaron hoy activistas.
Tolu, de 33 años, había sido liberada el 18 de diciembre, siete meses después de su arresto, pero tenía prohibido salir del país. No obstante, el juicio en su contra continuará, informó la campaña «Freiheit für Mesale Tolu» (Libertad para Mesale Tolu).
La periodista trabajaba en Estambul para la pequeña agencia de noticias de izquierda Etha. Fue detenida el 30 de abril, 25 días después de que lo fuera su marido Suat Corlu, y ambos fueron puestos en prisión preventiva. Corlu deberá permanecer en el país.
En febrero ya había sido liberado el periodista turco-alemán Deniz Yücel, detenido en Turquía en 2017 por cargos de terrorismo. Poco después se le dictó prisión preventiva por cargos de terrorismo. Desde entonces, las ya tensas relaciones entre Berlín y Ankara se recrudecieron.
El Gobierno liderado por Angela Merkel había pedido en numerosas ocasiones su liberación.
La semana pasada una corte turca también había liberado al presidente honorario de la rama turca de Amnistía Internacional (AI), Taner Kilic, quien estuvo encarcelado durante 14 meses.
Kilic estaba arrestado desde junio de 2017 bajo cargos que le imputaban estar vinculado con personas que intentaron perpetrar un golpe de Estado en julio de 2016.
Las autoridades turcas detuvieron a 11 activistas, entre ellos Kilic, durante un «workshop» en derechos humanos celebrado en Estambul en ese momento. Diez de los activistas, entre ellos el alemán Peter Steudtner y el sueco Ali Gharavi, fueron puestos en libertad a la espera del juicio.
A principios de año, el tribunal dictaminó inicialmente que Kilic fuera puesto en libertad a la espera del juicio y le impuso una prohibición de viaje. Pero al día siguiente aceptó la apelación del fiscal para renovar su detención.
Más de 70.000 personas fueron arrestadas desde 2016 en Turquía, entre ellas periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos opositores, según datos oficiales. También se realizó una fuerte depuración del servicio civil y el Ejército, que afectó a unas 110.000 personas, y más de 1.500 fueron condenadas a cadena perpetua.