La banquera de inversión y exvicepresidenta de J.P. Morgan para Latinoamérica, Susana de la Puente, examina cómo el sistema tributario influye en la puesta en marcha y consolidación de proyectos impulsados por jóvenes. Según su análisis, un marco fiscal flexible y acompañado de incentivos bien diseñados puede transformar las tensiones iniciales en oportunidades para el crecimiento y la innovación a largo plazo.
El emprendimiento juvenil se ha convertido en un factor clave para sostener la competitividad económica de cualquier país. Sin embargo, el entorno en el que nacen estas iniciativas determina de forma directa sus posibilidades de avanzar. Entre los elementos con mayor peso aparece la fiscalidad: dependiendo de cómo esté configurada, puede ser un estímulo significativo o un obstáculo en los primeros pasos de un negocio emergente.
Para los emprendedores jóvenes, la carga tributaria anticipada representa un desafío profundo. El sistema exige cumplimiento fiscal en una etapa marcada por ingresos inestables, liquidez escasa y márgenes financieros estrechos. Susana de la Puente subraya que esta desalineación repercute no solo en cada proyecto individual, sino también en la vitalidad del ecosistema emprendedor, ya que limita la innovación, reduce la capacidad de atraer talento y dificulta la creación de empleo. La contradicción resulta evidente: se promueve la actividad emprendedora, pero se mantienen estructuras tributarias pensadas para empresas ya consolidadas.
El peso de la carga fiscal en los inicios
En las primeras fases de un proyecto, la gestión de recursos es determinante. Los jóvenes emprendedores operan en un escenario donde cualquier decisión financiera puede marcar la continuidad del negocio. En este contexto, la obligación de asumir impuestos desde el principio condiciona la estrategia de inversión e impide un crecimiento orgánico sostenido.
Cuotas de seguridad social, tributos sobre la renta o el impuesto de sociedades son compromisos difíciles de asumir cuando aún no existe estabilidad en los ingresos. Esta presión reduce la disponibilidad de liquidez para reinvertir, innovar o contratar, y eleva la probabilidad de cierres prematuros. Este efecto tiene un impacto notable en la percepción del emprendimiento como opción viable para la juventud, detalla De la Puente.
A lo anterior se suma la complejidad administrativa, que exige conocimientos especializados o asesoría externa, incrementando así los costes fijos. Desde la óptica de los inversores, estos factores aumentan el riesgo asociado a las iniciativas jóvenes y limitan su acceso a financiamiento y a capital privado. La consecuencia es clara: solo aquellos proyectos con mayor respaldo económico pueden soportar la carga fiscal temprana.
Los incentivos fiscales como impulso
Diseñados e implementados de forma correcta, los incentivos tributarios alivian la presión económica y permiten orientar recursos hacia actividades de mayor valor añadido. Esto favorece la creatividad, la experimentación y la consolidación de modelos de negocio más sólidos y sostenibles.
Las deducciones por inversión en I+D, las bonificaciones en las contribuciones sociales ligadas a la contratación de talento joven y los regímenes específicos para startups son herramientas que permiten reducir el impacto de la fiscalidad durante los primeros años. Estas medidas no solo mejoran la liquidez, sino que también reducen el riesgo percibido por los inversores, facilitando la llegada de capital privado, explica De la Puente. Países como el Reino Unido han consolidado ecosistemas altamente atractivos gracias a este tipo de mecanismos.
El uso estratégico de incentivos fiscales genera efectos amplificados: diversidad de proyectos, creación de soluciones tecnológicas, expansión internacional y generación de empleo cualificado. Para De la Puente, estos entornos alimentan un círculo virtuoso donde la innovación se convierte en motor del desarrollo económico.
Susana de la Puente y la comparativa internacional de modelos fiscales
La fiscalidad aplicada a los jóvenes emprendedores varía de forma notable entre países. En Europa, el Reino Unido sobresale con esquemas como el SEIS y con incentivos I+D que reducen la carga impositiva para empresas emergentes y para inversores. Francia, mediante el programa Jeune Entreprise Innovante (JEI), combina ayudas directas con exenciones parciales de cargas sociales y créditos fiscales destinados a fomentar la innovación, señala De la Puente.
España, pese a avances recientes como la Ley de Startups —que incluye un tipo reducido del 15 % en el impuesto de sociedades y deducciones para nuevas empresas—, mantiene un marco percibido como rígido y fragmentado. Los incentivos dependen en muchos casos de condiciones específicas o de convocatorias autonómicas, lo que dificulta la consolidación de proyectos jóvenes.
Fuera de Europa, Estados Unidos muestra un modelo flexible donde las deducciones en I+D y programas como el SBIR proporcionan recursos a empresas emergentes. No obstante, el acceso a estos mecanismos requiere habilidades administrativas que no siempre poseen los jóvenes emprendedores.
En América Latina, países como República Dominicana —con su Ley No. 688-16— o Chile, con incentivos para I+D y exenciones tributarias en los primeros años, están configurando entornos más atractivos para nuevas empresas.
En términos generales, los países que equilibran incentivos fiscales, acceso a capital, formación y simplificación administrativa crean ecosistemas más aptos para que los jóvenes desarrollen proyectos sostenibles. Según Susana de la Puente, la vulnerabilidad del emprendedor joven —obligaciones fiscales en un contexto de ingresos inciertos y recursos limitados— sigue siendo uno de los mayores desafíos para consolidar el emprendimiento como una opción profesional estable.