El Ayuntamiento de Carreño otorga subvenciones a los grupos políticos municipales por valor de casi 19.000 euros anuales. A ello hay que añadir las dietas que perciben cada uno de los concejales. En el caso de los grupos, se conceden 90 euros mensuales a cada grupo y otros 50 por concejal a cada uno de dichos grupos. Ello significa que el Ayuntamiento otorga 390 euros mensuales al PSOE, 290 euros al PP, 190 a Foro y 140 a cada uno del resto de grupos.
De conformidad con el artículo 4d) de la Ley General de Subvenciones, las subvenciones a los grupos políticos municipales están excluidas de dicha ley. De hecho, lo relativo a las subvenciones a los partidos políticos se regula en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Dicha ley prevé que los partidos controlen internamente el conjunto de su actividad económico financiera, y externamente el control corresponde al Tribunal de Cuentas (artículo 16).
Sentado lo anterior, y dejando claro que lo que hace el Ayuntamiento de Carreño es correcto, es decir, ingresar el dinero correspondiente en las cuentas de los partidos políticos y nada más, desde el PP de Carreño, en estos momentos en los que tan necesario es dar ejemplo y ser transparentes, creemos que es necesario incorporar una buena práctica, que además podría llegar a ser obligatoria a partir del próximo 10 de diciembre, que es la fecha de entrada en vigor de toda la regulación relativa a información pública que se contiene en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Dicha ley incluye dentro de los sujetos obligados a la publicación activa de todo lo relacionado con sus actividades a los partidos políticos.
Por todo ello, el PP de Carreño someterá a debate y votación en el Pleno de diciembre, una moción para que los grupos políticos municipales rindan cuentas del uso del dinero público concedido por el Ayuntamiento. Se trataría de que se publique en la página web municipal, dentro del Portal de la Transparencia a que obliga la referida Ley de Transparencia y Buen Gobierno, un informe detallado del destino de las subvenciones otorgadas a los grupos políticos con una justificación documental que acredite lo que se señale en el informe. El PP considera que si el principio general es la justificación de las subvenciones, ese mismo rasero debe aplicarse a los partidos políticos. No es una obligación legal pero por una cuestión de principios y ejemplaridad, es bueno que el Ayuntamiento instaure buenas prácticas que contribuyan a que los vecinos recuperen la confianza en sus políticos municipales.