La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Graciela Blanco, ha defendido en la Junta General del Principado la eficacia de las medidas aplicadas por el Gobierno asturiano desde el inicio de la legislatura para garantizar la función social de la vivienda. Según Blanco, el esfuerzo se ha centrado en dar respuesta a los problemas reales a los que se enfrentan los ciudadanos y sus familias, al mismo tiempo que se atiende a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad social.
“El profundo cambio sufrido por la situación económica, social y financiera de nuestro país ha obligado a acomodar las políticas a esta nueva realidad –ha explicado la consejera– Por ello, nuestras actuaciones se han centrado en la atención social y en crear las condiciones adecuadas para que las familias que atraviesan dificultades económicas tengan opción a una vivienda en alquiler”.
Graciela Blanco ha recordado que el derecho a una vivienda en estos momentos es, además, una necesidad social, debido a que la crisis ha provocado que muchas familias tengan problemas para hacer frente a sus hipotecas.
Para ello, se ha referido a las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso de las personas a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades. Por un lado, se ha elaborado un plan de recuperación de viviendas vacías en régimen de alquiler. En lo que va de legislatura se han recuperado un total de 792 viviendas vacantes y se han entregado 936, entre reparadas y de nueva construcción.
Además de este plan, la consejera ha destacado la modificación del decreto de adjudicación de edificaciones del Principado, que afectó tanto al proceso como a las condiciones de acceso y que ha permitido dar una respuesta más ágil a las nuevas realidades sociales.
Una de las medidas más importantes que incluye es la creación del procedimiento de urgencia que permite responder en un plazo máximo de quince días e, incluso, en situaciones límites ya se ha entregado una vivienda en cuestión de horas. Además, también supuso que las personas inmersas en una ejecución hipotecaria, así como por otras causas, puedan acceder a un piso, lo que antes no ocurría porque seguían apareciendo como propietarios.
Precisamente, la modificación del decreto fue una de las medidas incluidas en el Plan de Choque contra los Desahucios, puesto en marcha en noviembre de 2012. Desde ese año se han atendido 357 casos, de ellos 200 en la oficina de intermediación. La consejera ha destacado que el 52,3 % de las situaciones atendidas a través de este servicio se han cerrado con acuerdo entre las partes.
Por otro lado, para favorecer el crecimiento del mercado del alquiler a precios moderados se pondrá en marcha un servicio de intermediación a través del cual se procurará seguridad, tanto a propietarios como a inquilinos.
La consejera se ha referido también a las ayudas al alquiler, donde los cambios que se han producido en estas convocatorias han supuesto un incremento del número de solicitudes. Blanco ha explicado que mientras en ejercicios anteriores estas ayudas pretendían promover la contratación de nuevos alquileres, es decir, se exigía un contrato nuevo para acceder a la subvención y además había limitación de una cada cinco años, en los dos últimos años se ha optado por ayudar a pagar los alquileres con independencia de la fecha de su contratación y sin ninguna limitación temporal.
En 2014 se han concedido 3.293 ayudas al alquiler, casi el doble de las aprobadas en 2010, por un valor de 4,7 millones de euros. De las 3.293 personas que se beneficiaron de estas ayudas, 1.610 también recibieron el complemento autonómico puesto en marcha por la Consejería de Bienestar para ayudar a las rentas más bajas