Defensorías del Pueblo de toda España reciben al movimiento por el blindaje constitucional de las pensiones “Si la Constitución blinda el pago de la deuda, ¿por qué no las pensiones?”
Representantes de más de 70 organizaciones han tenido reuniones hoy con las defensorías del pueblo en 11 capitales para pedir su amparo en el objetivo de blindar las pensiones públicas en la Constitución.
Portavoces de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP) han acudido a reuniones en Santiago de Compostela con la Valedora do Pobo de Galicia, en Bilbao con el Arateko, en Zaragoza con El Justicia de Aragón, en Pamplona con el Defensor de Navarra, en Alicante con el Síndic de Greuges, en Sevilla con el Defensor del Pueblo de Andalucía, en León con el Procurador del Común, en Santa Cruz de Tenerife con el Diputado del Común, en Las Palmas con un asesor del gabinete del Diputado, y en Madrid, con el Secretario General de la Defensoría.
Mañana, viernes 20 de enero, se reunirán con el Síndic de Greuges en Barcelona.
En todas las reuniones con las Defensorías del Pueblo de toda España la
plataforma ha entregado miles de firmas en estas 11 capitales, siendo ya más de 700 mil las entregadas por el blindaje constitucional de las pensiones. En particular, los portavoces de la MERP han solicitado a las defensorías que apoyen su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, que, como ya anunció en diciembre, celebrará reuniones hasta marzo con el objetivo de elaborar “un plan para la sostenibilidad de las
pensiones”.
Al mismo tiempo, los representantes de las diferentes organizaciones de la plataforma presentes en las reuniones han solicitado el apoyo de las instituciones que representan las Defensorías del Pueblo en su exigencia de “poner en marcha un proceso que culmine con el blindaje constitucional de las pensiones como un desarrollo necesario de nuestro
sistema democrático”.
La MERP nació hace casi cuatro años, y actualmente está compuesta por 170 organizaciones con presencia en todo el país, y cuenta con el apoyo de 95 personalidades del mundo de la cultura. Tal y como afirman, se han unido sin distinción de ideologías, credos religiosos y siglas partidistas. “Pensamos muy diferente en torno a muy diferentes temas, incluso estamos enfrentados en muchos de ellos, pero no en el blindaje constitucional de las pensiones”. En las últimas semanas han presentado mociones en 30 ayuntamientos que han sido aprobadas en ciudades como Zaragoza, Alhama de Murcia, Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de los Reyes, o Pamplona. En muchas de ellas con el voto favorable de todos los partidos.
Los portavoces han asegurado que “si no hace mucho (la Constitución) se utilizó para proteger el pago de la deuda, ¿por qué no para prohibir de forma expresa la privatización de las pensiones y la degradación de su poder adquisitivo?”.
Durante las reuniones con las Defensorías del Pueblo los representantes de la MERP han insistido en que “las pensiones públicas no pueden depender de una determinada correlación de fuerzas política. Deben estar por encima del color del Gobierno, de los resultados electorales o la situación del país”.
Ahora que se están debatiendo en el Congreso las diferentes alternativas en torno a la “sostenibilidad” del sistema público de pensiones, la MERP defiende que “todas deben ser escuchadas, debatidas y conocidas por la ciudadanía, sin restricciones ni ideas preconcebidas, pero reclamamos es que el espíritu que ya recoge la Constitución se concrete en una obligación inexcusable para los poderes públicos. Que el carácter público del sistema de pensiones y su poder adquisitivo solo dependa de la Carta Magna, y no de debates o diferencias políticas. ¿Qué demócrata no está de acuerdo con que debemos blindar las pensiones públicas como columna vertebral del Estado social, avanzando así en el desarrollo de nuestra democracia?”