CCOO ha convocado una jornada de huelga en Renfe y Adif para el próximo miércoles 23 de marzo, en plena Semana Santa, en protesta por el «bloqueo» que asegura registra la aplicación de los nuevos convenios colectivos de las compañías ferroviarias públicas.
El paro será de 23 horas, esto es, desde las 0.00 horas hasta las 23.00 horas del miércoles de Semana Santa, uno de los días de mayor demanda de movilidad de viajeros.
En un comunicado, el sector ferroviario de CCOO, explica que se ha visto «forzado» a convocar el paro para denunciar que los convenios de Renfe y Adif, aprobados el pasado mes de diciembre, no pueden ser aún aplicados tres meses después «porque están paralizados en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Administraciones Públicas».
El sindicato considera que se trata de un «hecho insólito» que no sólo «implica una pérdida de derechos» para los actuales trabajadores del ferrocarril, sino «la pérdida de una oportunidad para crear empleo», dado que los convenios incluyen el compromiso de Renfe y Adif de lanzar ofertas de empleo para contratar hasta 930 trabajadores.
A pesar de convocar el paro, CCOO manifiesta su disposición a negociar, dado que asegura «quedar a la espera» de respuesta de las empresas ferroviarias y del Ministerio de Fomento para poder «desbloquear la situación».
De hecho, el sindicato asegura que la huelga «sólo se evitaría si el Ministerio trasladara a las compañías Renfe y Adif y a los sindicatos la confirmación de que los convenios colectivos y los procesos de contratación de nuevo personal se desbloquean y se empiezan a aplicar».
UN MILLAR DE NUEVOS EMPLEOS
En virtud de los nuevos convenios colectivos 2015-2018 firmados el pasado mes diciembre, Renfe y Adif prevén contratar hasta 930 nuevos trabajadores, en lo que constituirán sus primeras incorporaciones de personal desde el inicio de la crisis.
Las dos compañías ferroviarias públicas abordarán sus ofertas de empleo al amparo de lo aprobado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016.
Los presupuestos habilitaron a las empresas públicas a contratar personal para reponer hasta un 60% de los trabajadores que hayan dejado estas compañías en los últimos años.