El FSB ruso busca a Pável Dúrov por presunta complicidad en terrorismo mientras Telegram mantiene su papel clave en comunicaciones militares y civiles del país.

Telegram enfrenta la presión de Rusia por su uso en la guerra
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia emitió una orden internacional de búsqueda y captura contra Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram. El organismo acusa al empresario de «complicidad en terrorismo» por mantener activos canales, chats y bots presuntamente utilizados por la inteligencia ucraniana y organizaciones calificadas como extremistas.
El FSB sostuvo que esos espacios digitales facilitaron «la preparación de atentados terroristas y actividades de ciberdelincuencia en Rusia, que se han saldado con numerosas víctimas mortales, incluidas mujeres y niños».
El Comité de Investigación ruso también examina varias causas relacionadas con el presunto reclutamiento de adolescentes para sabotajes y actos de terrorismo. Las autoridades investigan el uso del chatbot Dayvinchik/Leo, alojado en Telegram, como posible medio de contacto con jóvenes dentro del país.
Dúrov rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una persecución política. El empresario afirmó que el Kremlin busca argumentos para restringir el acceso a Telegram, una de las aplicaciones de comunicación con mayor presencia entre los usuarios rusos.
El fundador de Telegram abandonó Rusia en 2014 tras negarse a entregar datos privados de usuarios al Gobierno ruso. Dúrov creó en 2006 la red social VKontakte (VK), considerada el equivalente ruso a Facebook.
Entre 2011 y 2014, el FSB le exigió censurar comunidades de la oposición política y entregar datos de manifestantes ucranianos. Tras negarse, fue obligado a vender sus acciones de VK y salió definitivamente de Rusia.
Telegram, una herramienta clave para el Ejército ruso
La ofensiva judicial contra Dúrov muestra una contradicción para Rusia. Telegram representa un canal difícil de supervisar para el Estado, pero al mismo tiempo sostiene parte de las comunicaciones militares y del ecosistema informativo favorable a la invasión de Ucrania.
Soldados, mandos y operadores de drones utilizan grupos de Telegram para intercambiar información y coordinar actividades en el frente. Esta dependencia está relacionada con las deficiencias de los sistemas rusos de comunicación encriptada, que han llevado a distintas unidades a utilizar herramientas comerciales.
Asimismo, los llamados Z-bloggers mantienen canales donde publican información sobre operaciones militares, solicitan recursos para equipamiento y difunden contenidos dirigidos a respaldar a las fuerzas rusas.
Al mismo tiempo, la arquitectura de la plataforma que beneficia a las tropas rusas dificulta el control gubernamental. El FSB acusa a la inteligencia ucraniana de utilizar bots, perfiles anónimos y canales para contactar con ciudadanos rusos y promover acciones dentro del territorio.
El Kremlin sostiene además que Ucrania desarrolla operaciones terroristas destinadas a jóvenes rusos. Entre las acciones señaladas aparecen incendios contra centros de reclutamiento, sabotajes ferroviarios y atentados contra instalaciones estratégicas.
Telegram también permite acceder a publicaciones sobre bajas militares, ataques y condiciones en el frente que no siempre aparecen en los medios controlados por el Estado. Esta circulación de contenidos reduce la capacidad del Kremlin para centralizar la información disponible sobre la guerra.
Moscú busca reducir la dependencia de Telegram
La dependencia rusa de la plataforma ha alcanzado también el ámbito militar, lo que genera preocupación en Moscú. Aunque el Gobierno ha impulsado alternativas como MAX, un servicio de mensajería que se caracteriza por compartir información de usuarios con las autoridades, los ciudadanos rusos continúan utilizando Telegram.
Algunos expertos señalan que, debido a que Telegram opera fuera de Rusia y Dúrov se niega a entregar las claves de cifrado, el Gobierno ruso ha optado por aumentar la presión técnica y legal sobre la plataforma.
The Moscow Times, medio que opera en el exilio tras ser vetado en Rusia, ha informado sobre memorandos internos del Ministerio de Vivienda y otras instituciones del Kremlin. En ellos se recoge una orden gubernamental para trasladar chats vecinales e institucionales desde Telegram hacia MAX.
Organizaciones como Roskomsvoboda, que vigilan la censura en internet en Rusia, han denunciado que las exigencias del FSB para que Telegram instale servidores locales en el país buscan facilitar la vigilancia de las comunicaciones y reducir el anonimato de la disidencia.
El propio Dúrov ha asegurado a través de sus canales que las acusaciones penales presentadas por Rusia son «pretextos fabricados para suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión». El fundador de Telegram compara esta campaña con la presión estatal que sufrió en 2014, cuando perdió el control de VKontakte.
Telegram estuvo bloqueada en Rusia entre 2018 y 2020, cuando las autoridades intentaron obligar a Dúrov a entregar datos de usuarios. La prohibición fue retirada sin una explicación pública, lo que permitió a la plataforma continuar creciendo hasta reunir decenas de millones de usuarios activos en el país.
Actualmente, el Gobierno ruso debe gestionar una herramienta de comunicación masiva que escapa a su control, pero que continúa operando dentro de su territorio.
Con información de NotiPress
