Este viernes, 18 de enero de 2019, a las 18:30 h, tendrá lugar en la Casa de Cultura de Candás una charla coloquio bajo el nombre “Retos del Futuro: Morir Dignamente” en esta cita estarán como ponentes D. Luis Javier Rodríguez Morán, es licenciado en Psicología, Especialista Universitario en Psicopatología y Salud y presidente de las sección asturiana de la asociación Derecho a Morir Dignamente, esta asociación persigue dos fines en su acción estatal promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla así como defender, de modo especial, el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si este es su deseo expreso.
En la charla se contará también con la participación de Dña. Carmen Eva Pérez Ordieres, diputada de la Junta General del Principado de Asturias, es Licenciada de Derecho por la Universidad de Oviedo, en 2010 colaboró con el Instituto Asturiano de la Mujer en los trabajos previos de elaboración de la Ley Del Principado para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de Género.
Moderará la charla coloquio Ricardo de Dios del Valle, médico y técnico de salud del SESPA así como presidente del Comité de Ética del área sanitaria I del Principado de Asturias,
En la charla se abordará el derecho a morir dignamente, tomando como referencia la Ley del Principado de Asturias 5/2018, aprobada el pasado 22 de junio, sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida, esta ley esta ley tiene por objeto la regulación de los derechos que corresponden a las personas en el proceso del final de su vida, entendido como aquella situación en que la persona se encuentre en situación grave e irreversible, terminal o de agonía, que padezca un sufrimiento refractario, sea fruto de una enfermedad progresiva o de un proceso súbito. Asimismo, regula los deberes del personal del ámbito sanitario y social que atienden a la persona durante el proceso del final de su vida y las garantías que los centros e instituciones sanitarias y de servicios sociales en los que se presta asistencia sanitaria están obligados a proporcionar, tanto a las personas enfermas como a los profesionales, con respecto al mencionado proceso.