Berlín/Madrid, 12 jul (dpa) – Un tribunal del norte de Alemania aprobó hoy la entrega del ex presidente catalán y líder independentista Carles Puigdemont a España por el delito de malversación de fondos públicos, pero rechazó extraditarlo por rebelión, el cargo más grave y penado con hasta 30 años de cárcel.
La decisión de los jueces se hará efectiva una vez que sea ratificada por la Fiscalía General de este «Land» del norte de Alemania, un mero trámite que se espera que se lleve a cabo en los próximos días.
La Justicia española reclama a Puigdemont por los actos violentos acontecidos durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, considerado como ilegal, y procesó al líder catalán por rebelión y malversación de fondos públicos en relación con su plan de proclamar una república independiente, que causó una crisis institucional sin precedentes todavía abierta.
No obstante, la rendición de cuentas de Puigdemont ante el Tribunal Supremo en Madrid por su actuación durante la celebración del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre se vislumbra lejana, porque sus abogados han anunciado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional alemán con el que esperan paralizar el proceso de entrega.
«En el caso de Carles Puigdemont, se considera admisible la entrega por el delito de malversación de dinero público pero se considera inadmisible la entrega por rebelión. Carles Puigdemont seguirá estando en libertad», señaló esta mañana en un comunicado el Tribunal Superior de la región de Schleswig-Holstein, que también resolvió que el político soberanista, que reside actualmente en Alemania, siga en libertad.
Con el paso dado hoy, los jueces alemanes cumplen con el pedido de la Fiscalía General regional, aunque solo en parte. El Ministerio Público, siguiendo la euroorden dictada por el Tribunal Supremo español, había solicitado a principios de junio por segunda vez tanto el reingreso en prisión del político separatista como su entrega a las autoridades en Madrid.
En su auto, el tribunal regional alemán señala, sin embargo, que los actos que se le imputan al ex presidente del Gobierno catalán no se corresponden en Alemania ni con el delito de rebelión ni con el de perturbación del orden publico.
Los enfrentamientos en España no alcanzaron la dimensión de violencia tal y como está contemplada en (el delito de) la alta traición recogido por el derecho alemán, añade.
Se descarta además la culpabilidad por perturbación del orden público porque Carles Puigdemont sólo tenía la intención de que se celebrase el referéndum. No fue un «instigador intelectual» de los actos violentos, indica el escrito.
Asimismo, los jueces alemanes indicaron que esperan que la Justicia española respete el marco legal y no juzgue a Puigdemont por rebelión.
«El Senado da por hecho que los tribunales españoles respetarán este principio y que, por ende, una vez que el encausado Puigdemont haya sido entregado por el cargo de corrupción, no lo perseguirán también por el cargo de rebelión», reza el dictamen que recalca la importancia del llamado principio de especialidad de la orden europea de detención y entrega.
Según este principio, una persona que ha sido entregada no puede ser perseguida, condenada o privada de libertad por una infracción cometida con anterioridad a la entrega, distinta de la que ha motivado esa entrega.
Puigdemont celebró la decisión de Alemania vía Twitter en una primera reacción y poco después emitió un comunicado a través de sus abogados en el que anunciaban que revisarán «los próximos pasos».
En este sentido, letrados del político catalán adelantaron que recurrirán la decisión con el objetivo de paralizar nuevas medidas judiciales.
«Mañana anunciaremos un recurso y pediremos la suspensión», dijo el abogado Gonzalo Boye a la agencia dpa en Madrid. Según el letrado, la defensa tiene 30 días para presentar el recurso y no hay plazo para que el tribunal alemán lo resuelva al ser «una cuestión muy técnica», lo que podría prolongar todo el proceso.
Una portavoz judicial dijo a dpa que la decisión no puede ser recurrida ante la Justicia ordinaria sino que solamente se puede acudir al Constitucional alemán.
La resolución dictada hoy da un giro en la estrategia seguida hasta el momento por la Justicia alemana, que en un primer momento se mostró poco proclive a acceder a los deseos del magistrado español Pablo Llarena.
El ex jefe del Gobierno de Cataluña, destituido en octubre por Madrid a raíz de la escalada de su proceso independentista, fue detenido el 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español.
Tras pasar doce días en prisión, los máximos jueces regionales resolvieron dejar al político soberanista en libertad bajo fianza a la espera de que se tomase una decisión sobre su posible entrega a España. Desde entonces, Puigdemont vivió en Berlín y posteriormente trasladó su residencia a la región de Schleswig-Holstein.
Por Ana Lázaro, Pablo Sanguinetti, Laura Aráoz y María Prieto (dpa)