El Cermi reivindicó la consolidación de las personas con discapacidad y de su movimiento social como «sujeto político colectivo», con voz propia y capacidad de incidencia en la toma de decisiones, y reclamó una función pública más inclusiva, accesible y representativa de la diversidad de la sociedad, según información facilitada por el comité.
Así lo manifestó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, durante la apertura de la jornada ‘Discapacidad, formación y empleo público’, organizada por el Cermi y el Instituto Europeo de Asuntos Públicos y Gobierno (AP Institute), en el Campus de Princesa de la Universidad Nebrija. El encuentro reunió a representantes de la Administración, del movimiento de la discapacidad y del ámbito académico y de los asuntos públicos para analizar los retos pendientes en materia de formación, políticas públicas y empleo público.
La jornada se enmarcó en la alianza estratégica que el Cermi y AP Institute mantienen desde hace más de un año para acercar los asuntos públicos a la realidad de la discapacidad y reforzar la capacidad de incidencia del movimiento social, añadió el Cermi. La apertura institucional corrió a cargo de Pérez Bueno y del presidente de AP Institute, Joan Navarro Martínez.
Durante su intervención, Pérez Bueno situó la relación entre las personas con discapacidad y los poderes públicos en cuatro grandes dimensiones, la incidencia política, la exigencia de una buena administración, la accesibilidad de los servicios públicos y la participación de las personas con discapacidad en el empleo público.
“Nos hemos convertido en un sujeto político colectivo y nos interesan los asuntos públicos, la incidencia política, llegar allí donde se toman las decisiones”, enfatizó. Como muestra de esta capacidad de incidencia, destacó avances como la reforma del artículo 49 de la Constitución Española y las modificaciones normativas en materia de discapacidad, autonomía personal y dependencia.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Defendió también una “buena administración” basada en la transparencia, el Gobierno abierto y la rendición de cuentas, en la que la ciudadanía sea partícipe y no súbdita. Asimismo, reclamó avanzar en accesibilidad, incluida la cognitiva, y reducir la “maraña de burocracia” y las cargas administrativas que soportan las personas con discapacidad y sus familias.
En materia de empleo público, Pérez Bueno subrayó que las administraciones deben reflejar la diversidad de la sociedad. Aunque valoró los avances logrados desde la aprobación del marco regulador de acceso al empleo público para personas con discapacidad, advirtió de que la cobertura efectiva de las plazas reservadas sigue siendo insuficiente y requiere una actualización normativa.
Por su parte, Navarro Martínez, reafirmó el compromiso de la institución académica con la accesibilidad y la igualdad de oportunidades: “No podemos tener clases, no podemos tener un instituto, no podemos tener una institución educativa que no piense en las personas que tienen dificultades para aprender, para moverse o para adquirir conocimiento en las mismas condiciones”.
Navarro anunció además un programa pionero de ayudas al estudio: “AP Institute va a poder poner a disposición de sus alumnos las primeras becas para personas con discapacidad para poder hacer los másteres en asuntos públicos”.
La iniciativa, impulsada con la colaboración del Grupo Social ONCE, busca que este ámbito profesional sea “más accesible y más a mano” para las personas con discapacidad.
ATRAER TALENTO HACIA LO PÚBLICO
La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, encargada de clausurar la jornada, reafirmó el compromiso del Gobierno para “atraer en la medida de lo posible el talento que el gran colectivo de personas con discapacidad posee y que es indispensable para la administración pública”, porque “sin ese talento la administración no sería el fiel reflejo de la sociedad que debe ser”.
Sánchez Naranjo informó de que la Dirección General de Función Pública está procesando e incorporando las alegaciones recibidas tras concluir el pasado 15 de septiembre la fase de audiencia pública del nuevo real decreto de acceso al empleo público, en coordinación con el Ministerio de Derechos Sociales, con vistas a avanzar en su tramitación.
En la mesa dedicada a la formación en asuntos públicos como herramienta de impacto social, el director de Sostenibilidad/ESG y Relaciones Institucionales del Grupo Social ONCE, Fernando Riaño Riaño, enfatizó la trayectoria del Cermi por el rigor y la legitimidad de su interlocución institucional, y señaló la reforma del artículo 49 de la Constitución como ejemplo de construcción de consensos.
CAMBIOS NORMATIVOS
Por su parte, la directora académica de AP Institute, Reyes Zárate, destacó la importancia de proporcionar al tercer sector conocimiento especializado y herramientas para transformar sus reivindicaciones en cambios normativos y sociales: “La influencia y el cambio social no se pide, se disputa”.
A continuación, la mesa ‘Empleo público y discapacidad: hacia un sistema más inclusivo y eficaz’, moderada por el director de AP Institute, Esteban González Guitart, abordó las reformas necesarias para consolidar un modelo de empleo público accesible.
La vocal asesora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Función Pública María José Blanco Antón señaló que este año se han incorporado 1 482 personas con discapacidad a los cuerpos generales de la Administración General del Estado. También destacó la tramitación del nuevo real decreto, la implantación de la Orden Ministerial sobre adaptaciones de tiempos y medios y el nuevo manual para tribunales de selección elaborado con la colaboración del Cermi y de la Fundación ONCE.
Por su parte, la secretaria de la Comisión de Inclusión Laboral del Cermi, Josefa Torres Martínez, defendió que la inclusión debe extenderse a toda la trayectoria profesional; “No basta con entrar, hay que dar apoyos en el puesto y fomentar los desarrollos profesionales en igualdad de condiciones”.
Por último, Torres reclamó reforzar las unidades de inclusión en los ministerios, potenciar la reserva de plazas en la promoción interna y ofrecer una respuesta adecuada a la discapacidad sobrevenida, de modo que la función pública aproveche todo el talento diverso existente en la sociedad.