El consejero de del Principado, Ovidio Zapico, ha mantenido una reunión con el accionista mayoritario de Exploraciones Mineras del Cantábrico, promotora del proyecto para explotar una mina de oro en Salave (Tapia de Casariego). En el encuentro también ha participado el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro.
Durante la reunión, que el consejero ha calificado de cordial, la empresa ha trasladado un cambio en su estructura accionarial y su intención de abrir vías de diálogo con la Administración autonómica. Zapico ha reiterado el rechazo de su departamento a la iniciativa por considerarla incompatible con la normativa vigente y con la protección del litoral asturiano.
El titular de Urbanismo ha advertido de que la situación del proyecto “es muy complicada, por no decir imposible” y ha señalado que “tiene todos los ingredientes para no salir adelante”.
Incompatible con el POLA y sin respaldo municipal
El consejero ha recordado que la propuesta no dispone del visto bueno municipal, tras haber sido rechazada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Tapia de Casariego. Asimismo, ha precisado que la iniciativa no se ajusta a la ley de proyectos de interés estratégico regional (PIER) y que entra en conflicto con las limitaciones fijadas por el Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA).
“Estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo y a mantener encuentros, pero la posición de la consejería es de rechazo frontal al proyecto y no vamos a abrir el más mínimo resquicio en el marco del POLA”, ha subrayado.
Zapico ha destacado que la costa asturiana figura entre las mejor conservadas de España, como resultado del trabajo desarrollado desde la asunción de las competencias autonómicas en la década de los ochenta y culminado con la aprobación del POLA a comienzos de este siglo. En este sentido, ha señalado que el plan mantiene plena vigencia jurídica y un valor político indiscutible.
Además, ha insistido en que el Gobierno del Principado no contempla modificar la normativa para facilitar el encaje de la explotación minera en el litoral occidental y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con la protección del territorio y el cumplimiento estricto de la ley para preservar la costa frente a iniciativas incompatibles con su conservación.