Ovidio Zapico propondrá al Consejo de Gobierno del Principado la propuesta para iniciar un procedimiento sancionador contra Aucalsa por presuntas infracciones en materia de consumo al mantener el cobro íntegro del peaje del Huerna pese al grave deterioro de las condiciones del servicio y no facilitar a las personas usuarias información suficiente sobre el alcance de las obras y las restricciones antes de acceder a la autopista (AP-66).
Zapico ha explicado que esta decisión culmina meses de trabajo de la Dirección General de Consumo y de la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos, con inspecciones realizadas sobre el terreno y sucesivos requerimientos a la concesionaria. «Llevamos muchos meses inspeccionando una situación que convierte demasiadas veces la autopista del Huerna en una auténtica ratonera para los asturianos y asturianas. Es la principal vía de comunicación con la Meseta y sigue funcionando en unas condiciones que son una auténtica vergüenza.»
La propuesta plantea una sanción de 100.000 euros por una presunta infracción grave al considerar que la información facilitada a las personas usuarias sobre las obras y las restricciones no permite decidir con conocimiento de causa si utilizar la autopista o una vía alternativa. La segunda sanción, de 1.000.000 de euros, responde a una presunta infracción muy grave por mantener el cobro íntegro del peaje pese al deterioro continuado de las condiciones del servicio.
«Se están cobrando más de 16 euros por una autopista que, en el mejor de los casos, funciona como una carretera de un solo carril. Entendemos que se están vulnerando los derechos de las personas consumidoras y usuarias”, ha añadido.
La mayor sanción impulsada desde Consumo
Zapico ha defendido que la propuesta responde a una cuestión de justicia con las personas usuarias y ha subrayado que se trata de la mayor sanción impulsada por la Dirección General de Consumo: «Lo hacemos con el convencimiento de que es de justicia social poner límites a los agravios que esta concesionaria ejerce sistemáticamente contra los asturianos y asturianas»
El consejero ha reiterado, además, que la solución definitiva pasa por la desaparición del peaje del Huerna, que ha vuelto a calificar de «injusto ilegal». A este respecto, Zapico ha insistido en que la propuesta sancionadora no altera la posición del Gobierno de Asturias sobre el futuro de la AP-66 y ha reiterado que, mientras continúen las obras y las graves afecciones a la circulación, el peaje no debería cobrarse: «En la situación en la que está hoy la autopista del Huerna, las barreras de los peajes de Villablino y La Magdalena tienen que estar levantadas. No entiendo otro escenario que no sea ese: libre circulación mientras persistan las obras, los atascos, las caravanas y la congestión de la calzada”.
La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha destacado que el Gobierno de Asturias ha actuado con Aucalsa como lo hace con cualquier empresa que incumple la normativa de consumo y ha recordado que antes de llegar a esta propuesta se realizaron varios requerimientos para intentar corregir la situación. También ha subrayado que el expediente se ha tramitado respetando todos los plazos legales y que la existencia de actuaciones en la fiscalía no impedía continuar el procedimiento administrativo. «Lo deseable habría sido alcanzar un acuerdo que evitara llegar a este punto, pero la empresa no aceptó los requerimientos formulados por la Dirección General de Consumo», ha señalado.
Por su parte, el director general de Consumo, Faustino Zapico, ha explicado que el expediente se apoya en las inspecciones realizadas durante los últimos meses y en el análisis de las reclamaciones presentadas por personas usuarias y asociaciones de consumidores.
El director general de Consumo ha informado que, si el Consejo de Gobierno aprueba el lunes la propuesta, el acuerdo será notificado a Aucalsa, que dispondrá del plazo legal para presentar alegaciones. Estas serán analizadas por la Administración antes de adoptar una resolución firme que, en su caso, pondría fin al procedimiento en vía administrativa. Si la empresa no estuviera conforme con la decisión, podrá recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa.