Wolfsburgo (Alemania), 14 feb ( (dpa) – La automotriz alemana Volkswagen está examinando una posible reorganización de sus actividades en la región china de Xinjiang, debido a la posible violación de derechos humanos allí.
«El grupo Volkswagen está actualmente en conversaciones con la empresa conjunta no controlada Saic-Volkswagen sobre la futura dirección de sus actividades empresariales en la provincia de Xinjiang», dijo hoy un portavoz a dpa.
«Actualmente se están examinando varios escenarios de manera exhaustiva», agregó. Al ser preguntado, el portavoz dejó abierto si también se debate una retirada de la región.
La semana pasada, la también empresa alemana BASF anunció su intención de vender sus participaciones en las dos empresas conjuntas que tiene en la ciudad china de Korla, en la región de Xinjiang, tras reportes que vinculan a su socio local con violaciones de derechos humanos.
Desde 2013, Volkswagen opera una planta en Urumpi (Xinjiang) a través de una empresa conjunta con el fabricante chino Saic, en la que esta última mantiene el control y cuyo contrato de colaboración se extiende en 2029.
Según cifras ofrecidas anteriormente por VW, la planta solo cuenta ahora con unos 197 empleados que se dedican exclusivamente a preparar vehículos para su entrega. La producción de automóviles se ha interrumpido en la planta y el número de empleados se ha reducido de 650 a menos de 200.
En el verano europeo, el fabricante de automóviles encargó a una empresa que investigara las condiciones de trabajo en la controvertida planta de Xinjiang por si se habían producido violaciones de los derechos humanos.
Los auditores anunciaron en diciembre que no encontraron pruebas ni indicios de trabajo forzado entre los empleados. Volkswagen declaró a principios de febrero que se toma muy en serio su responsabilidad como empresa en el ámbito de los derechos humanos en todo el mundo, incluida China.
El grupo subrayó que se adhiere estrechamente a los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU.
Uigures, miembros de otras minorías y organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando que cientos de miles de personas de Xinjiang han sido enviadas a campos de reeducación contra su voluntad, en algunos casos torturadas y obligadas a realizar trabajos forzados. El Gobierno chino niega estas acusaciones.