La Consejería de Vivienda del Principado ha destacado la mediación de Vipasa en el conflicto del edificio de Río Piloña, donde se han evitado varios desahucios mientras se buscan soluciones habitacionales.
La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias subraya el papel de Vipasa en la gestión del conflicto del edificio situado en la calle Río Piloña, en el barrio gijonés de Contrueces. Desde el inicio del problema, la empresa pública ha mantenido un contacto constante con la propiedad y con las personas residentes, actuando como intermediaria y logrando frenar en varias ocasiones los desahucios para disponer de tiempo y explorar alternativas.
Según la consejería, esta intervención continuada ha permitido mantener un espacio de diálogo en un contexto especialmente complejo. Ese trabajo ha facilitado que se sigan estudiando opciones de alojamiento y ha evitado decisiones irreversibles para las familias afectadas.
Casa 47, actual responsable del inmueble
El departamento autonómico recuerda que la gestión del edificio corresponde en este momento a Casa 47, entidad estatal creada en diciembre y dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Esta organización asumió los activos inmobiliarios que gestionaba la Sareb, antigua propietaria del inmueble de Río Piloña.
El origen del conflicto se sitúa en el periodo de transición en el que los activos de Sareb pasaron a integrarse en el parque público estatal gestionado por Casa 47. Ese proceso generó incertidumbre administrativa y jurídica entre los residentes. Por ello, la consejería insiste en que, superada esa fase inicial, corresponde a la entidad estatal avanzar en la regularización de la situación de quienes viven en el edificio.
Situación actual de las viviendas
El inmueble cuenta con 39 viviendas, de las que 14 disponen de contrato. En varios casos ya se han formalizado alquileres sociales o se han planteado propuestas basadas en criterios de vulnerabilidad. En otros supuestos se analizan alternativas que permitan garantizar estabilidad residencial.
Los problemas surgieron tras un procedimiento de ejecución hipotecaria y la posterior extinción de contratos de arrendamiento, lo que generó un escenario jurídico complejo para las familias. Desde comienzos de 2025 se desarrolla un proceso de análisis y negociación en el que la intermediación pública ha sido clave para ordenar la situación y canalizar posibles soluciones.
Compromiso de continuar la mediación
La Consejería de Vivienda reafirma su intención de seguir trabajando, a través de Vipasa, como agente facilitador entre las partes implicadas con el objetivo de avanzar en la regularización de la situación residencial de las familias. No obstante, recuerda que no puede intervenir en la redacción de los contratos.