MADRID, 7 Feb. 2019 (Europa Press) – Venezuela registró durante el mes de enero un total de 2.573 protestas, lo que arroja una media de 86 al día, una cifra récord que se enmarca en la crisis política que sufre la nación caribeña, según un informe publicado este jueves por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
El OVCS ha indicado que la mayoría de las protestas se produjeron en Caracas (300), trascendió de las clase media-alta a los sectores populares, «que en el pasado se identificaban con el ‘chavismo'», y fueron «combinadas», es decir, mezclaron reivindicaciones políticas con las de derechos sociales y económicos.
«El eje central tuvo que ver con la exigencia de derechos civiles y políticos», siendo «la exigencia principal» la renuncia de Nicolás Maduro. Sin embargo, «las necesidades de la población, sometida al deterioro de la calidad de vida por las políticas económicas, han sido visibilizadas en las actividades políticas», ha indicado.
Así, los profesores se pusieron «en pie de lucha por la dignificación de su salario y la carrera docente» y «trabajadores, familiares y usuarios de centros de salud participaron en al menos 118 protestas». Los venezolanos se manifestaron otras 104 veces el mes pasado para denunciar «el colapso de los servicios» de gas, luz y agua.
El OVCS ha enfatizado que, aunque «ya en 2018 la sociedad civil había salido a las calles de manera firme y decidida a reclamar mejores condiciones de vida», con un total de 12.715 protestas, en enero del año pasado se produjeron 714 manifestaciones, frente a las 2.573 del mes pasado, lo que representa un incremento del 360 por ciento.
«GRUPOS DE EXTERMINIO»
El OVCS ha alertado además de que «en enero se contabilizaron 101 saqueos o intentos de saqueo». «Nos preocupa el aumento de este tipo de manifestaciones violentas, cuya causa principal tiene que ver con el hambre, la desesperación y la impunidad», ha dicho y ha llamado a los venezolanos a «demandar sus derechos de manera pacífica».
Por otro lado, ha denunciado que «el sistema de represión sigue siendo la respuesta de Maduro para las protestas populares y pacíficas». Solo en enero, 35 personas fueron asesinadas en medio de las manifestaciones y otras ocho murieron en «ejecuciones extrajudiciales en allanamientos ilegales a viviendas».
La represión, de acuerdo con el OVCS, ha estado a cargo de «grupos de exterminio conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y colectivos paramilitares». A ello se suman los vecinos que actúan como agentes de Inteligencia «informando a cuerpos de seguridad sobre la ubicación e identidad de manifestantes».
TRANSICIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
En este contexto, el OVCS ha abogado por «avanzar hacia un proceso de transición para retomar la democracia, el Estado de Derecho y las libertades en Venezuela mediante la realización de elecciones libres y transparentes», al tiempo que ha pedido «atender las demandas de la población, que a diario ve desmejoradas sus condiciones para disfrutar de una vida digna».
También ha exigido «realizar las investigaciones pertinentes, de manera independiente, expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas» y por «los tratos crueles, inhumanos y degradantes y las detenciones arbitrarias» de manifestantes, subrayando la urgencia de «poner fin al procesamiento de los niños y adolescentes detenidos durante las protestas».