La eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina ha criticado que la Comisión Europea haya ignorado hasta en dos ocasiones las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que piden indemnizar a aquellas personas que han visto cómo sus tierras han pasado a formar parte de la Red Natura 2000 y, por lo tanto a estar protegidas por las leyes medioambientales europeas, teniendo que cesar las actividades que en ellas desarrollaban.
Se trata de una problemática que afecta en buena parte al Principado de Asturias y así lo han expuesto en la comisión de Peticiones de la Eurocámara este martes cuatro peticionarios que han encontrado el respaldo total de Vallina ante sus reclamaciones a Bruselas para buscar una solución justa.
Asturias, ha explicado Vallina, tiene un “entorno natural privilegiado” con 49 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 13 Zonas de Protección Especial para Aves (ZEPA), que abarcan el 27% de su superficie. “Estamos de acuerdo en que hay que protegerlo y que se requiere una regulación sobre las zonas de especial relevancia medioambiental porque es un modo de proteger nuestra biodiversidad”, pero en su opinión, “la ley y los instrumentos que la desarrollan deben garantizar por un lado la compensación económica a los afectados, porque no pueden continuar con sus actividades, y por otro, deben contemplar un plan de gestión de la actividad”.
Esas compensaciones deberían llegar a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), pero la realidad, al menos en Asturias, es que el Estado no está dando ninguna indemnización a aquellas personas que ven cómo no pueden seguir dándole el uso que le daban a sus tierras.
“No se puede proteger sin tener un plan después de gestión de esa actividad. No se debe regular solamente para recibir fondos europeos, se debe hacer un plan medioambiental sostenible donde se estudie la compatibilidad con las actividades y usos tradicionales”, ha dicho Vallina, refiriéndose a que si bien el Estado español recibe ayudas europeas para la conservación de esas zonas protegidas, no está prestando atención a la situación compleja que atraviesan sus propietarios.
Todo, a pesar de que haya incluso dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias “que dieron la razón a lo que plantean estos peticionarios aquí hoy”. Las razones principales, ha apuntado, “son que no existe una memoria de gestión de actividades, y que tampoco se han dado compensaciones económicas por la cesión de actividad de los propietarios”. “Y en muchos casos, esto ha sucedido con parroquias enteras dedicadas por ejemplo a la actividad ganadera”, ha denunciado.
Vallina ha apoyado así que la CE ponga en marcha los mecanismos necesarios para solucionar esta problemática. “Habría que abrir un expediente, aunque sea mi país y mi región, ya que hablamos de fondos públicos”, ha señalado en su intervención. Además, ha solicitado mantener estas peticiones abiertas y “mandar una carta al Principado de Asturias y al Ministerio de Medio Ambiente y que la CE tome cartas en el asunto si se continúa así”.
La presidenta de la comisión de Peticiones, Cecilia Wikstrom, ha accedido a mantener abiertas las quejas de los representantes de las peticiones asturianas y a solicitar información a las autoridades españolas, recordando que esas compensaciones se pueden hacer a cargo de los Feader y que así debería estar sucediendo.
Al finalizar la reunión, Vallina se ha mostrado satisfecha por esta decisión pero ha advertido que ahora “ni el Gobierno del Principado, ni el Ministerio de Medio Ambiente podrán alegar que no es competencia suya”.