Washington, 9 nov (dpa) – El presidente Donald Trump firmó hoy una orden que impide solicitar asilo a los inmigrantes que entren ilegalmente en Estados Unidos a través de la frontera con México, un nuevo paso en la restricción de una protección garantizada por el derecho internacional.
Apenas unas horas después de que el mandatario emitiera la proclamación presidencial, ACLU, una de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos civiles del país, presentó una demanda contra la administración en una corte federal.
La nueva medida migratoria se dirige contra los centroamericanos, que son la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera sur, y llega en un momento en el que tres caravanas con miles de personas del Triángulo Norte -Honduras, Guatemala y El Salvador- atraviesan México para pedir asilo en la frontera estadounidense.
«La continua y amenazante migración en masa de extranjeros sin base para su admisión en Estados Unidos a través de nuestra frontera sur ha precipitado una crisis que socava la integridad de nuestras fronteras», aseguró Trump en la orden.
El texto completa el nuevo reglamento anunciado el jueves y publicado hoy en el registro federal para impedir la petición de asilo a quienes estén ilegalmente en el país.
La orden estará vigente durante 90 días desde este viernes, aunque la puerta queda abierta a que pueda extenderse o acortarse. Esto último ocurriría si México se aviniera, como pretende Trump, a admitir a todos los indocumentados arrestados tras el cruce. El país se niega a aceptar a los que no sean mexicanos.
El nuevo reglamento apela a los poderes presidenciales para garantizar la seguridad nacional, el mismo precepto que utilizó Trump para el llamado veto migratorio que cerró la entrada al país a ciudadanos de determinados países de mayoría musulmana.
«Queremos que la gente venga a nuestro país pero tienen que entrar en el país legalmente», manifestó en el jardín de la Casa Blanca antes de partir este viernes rumbo a París para conmemorar el centenario del final de la Primera Guerra Mundial.
Hasta ahora, todo el mundo tenía derecho a pedir asilo y que su caso fuera estudiado con independencia de su situación legal en Estados Unidos. Desde este viernes solo pueden solicitar asilo quienes lo pidan en un punto de entrada. Los arrestados por entrar ilegalmente serán procesados para su deportación sin opción a ello.
«Viola directamente la orden clara del Congreso de que la forma de entrada no puede constituir una prohibición categórica del asilo», sostiene la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en la demanda presentada en una corte federal de San Francisco. El Gobierno se ha saltado los «pasos procedimentales requeridos» y carece de causa «para poner la regulación en efecto inmediatamente», añade.
Trump ha dado este paso ante las caravanas de migrantes centroamericanos que atraviesan México. De cara a las elecciones legislativas que se celebraron este martes, las convirtió en tema electoral para movilizar a su base. Construyó un relato que presenta a los migrantes como una horda de criminales y hasta yihadistas que parece que estuvieran a las puertas de Estados Unidos intentado echarlas abajo.
Pero lo cierto es que son personas, en algunos casos familias enteras, que huyen de la violencia en Honduras, Guatemala y El Salvador, que están entre los países más violentos del mundo. Y les faltan semanas para llegar. Los que más cerca se encuentran salieron este viernes de Ciudad de México. Llevan casi un mes de camino, tras haber partido el 13 de octubre de la ciudad hondureña de San Pedro Sula.
ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, aseguró que la falta de personal en los puntos de entrada lleva a que los migrantes deban cruzar la frontera desde México ilegalmente para pedir asilo y llamó a manejar «de manera estructurada» la trayectoria de los refugiados.
El presidente ha hecho de la mano dura en inmigración uno de los pilares de su acción de gobierno y organizaciones civiles considera que esto es un paso más para restringir la entrada de inmigrantes.
Según las cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, entre los años 2000 y 2016, Estados Unidos concedió asilo a una media de algo más de 26.600 personas al año. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2017, se deniegan muchas más solicitudes que antes, denuncian.
Esta no es la primera restricción del asilo que hace el Gobierno de Trump. El ya ex fiscal general Jeff Sessions eliminó en su día la violencia machista como causa para pedir esta protección. Y eso afecta directamente a las centroamericanas.
El Salvador y Honduras encabezaron la lista de mayores tasas de feminicidios en América Latina y el Caribe entre 2016 y 2017, con 10,2 y 5,8 mujeres asesinadas por razón de género por cada 100.000, según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Guatemala ocupó el quinto lugar, con 2,6 por cada 100.000.
Por Sara Barderas (dpa)