El consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, ha manifestado hoy su asombro ante las afirmaciones efectuadas ayer por el Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, durante su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados en relación a la sentencia sobre el pago de los convenios de Fondos Mineros suscritos con el Principado de Asturias. “Parece desprenderse que el Secretario de Estado se coloca en rebeldía frente a la Justicia”, ha afirmado el consejero asturiano.
Durante la comparecencia, el Secretario de Estado afirmó: “No pagaremos la subvención de los convenios en los que consideremos que no se han cumplido todos los trámites para librar los pagos; la determinación de no pagar las obras se debía a errores en los plazos y no a una decisión unilateral del Gobierno”.
Según Graciano Torre, la sentencia establece que “no todos los incumplimientos del objetivo o actividad que fundamenta la concesión, ni todos los casos de incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente deben llevar inexorablemente a la pérdida o reintegro del importe íntegro de la misma; antes al contrario, la norma contempla la posibilidad de graduación de los posibles incumplimientos de la condiciones impuestas”. “Por consiguiente”, añade, “no es posible compartir la postura de la Administración demandada, dado que en el presente nos hallamos ante una serie de convenios en los que, en unos casos, se ha producido el cumplimiento total de la obligación de ejecución, aún cuando su justificación tuviera lugar fuera de plazo; en otros, el cumplimiento ha sido parcial; por último, en un tercer bloque se reconoce el cumplimiento total y su justificación dentro de plazo”.
Según la tesis del Gobierno central, la sentencia obliga a estudiar “cada caso” entre la Secretaría de Energía y el Instituto para la Reestructuración del Carbón y las Comarcas Mineras. Por el contrario, Graciano Torre ha indicado que el fallo judicial conlleva “la obligación del órgano administrativo a establecer el pago de las cantidades que, en su caso, procedan, previa audiencia a la administración actora para alegaciones y subsanación de las posibles deficiencias apreciadas”. Es decir, que el pronunciamiento judicial “no obliga sólo a estudiar los convenios entre la Secretaría y el Instituto, sino que tiene que contar con el Principado de Asturias”.
“Si realmente el Secretario de Estado y el Gobierno de España quieren cumplir con su obligación con Asturias y las comarcas mineras deberían haber dado respuesta a los múltiples requerimientos al diálogo y al análisis conjunto de los convenios y no dedicarse a dar largas a la ejecución de la sentencia”, ha subrayado Graciano Torre, antes de advertir de que el Principado aspira a cobrar todos y cada uno de los convenios recogidos en la sentencia, que ascienden a un total de 213 millones de euros.
La sentencia, por otra parte, pone de manifiesto que “el artículo 18.1 del Real Decreto 1112/2007 atribuye a la Comisión de Cooperación la obligación de analizar las incidencias que se produzcan en la ejecución de los convenios y los posibles incumplimientos, así como la procedencia del reintegro, con la previsión de trámite de audiencia”. El consejero de Economía entiende que el Juzgado de lo Central ha puesto de manifiesto que no se ha cumplido lo estipulado en la Ley General de Subvenciones General “y por eso obliga a revisar todos los convenios”.