MADRID, 9 Jul. 2019 (Europa Press) – El 9 de julio de 2011 Sudán del Sur se convertía en el país más joven del mundo tras décadas de conflicto con Sudán y un referéndum de por medio. Ocho años después, el país lleva más de cinco sumido en una nueva guerra, aunque el acuerdo de paz firmado en septiembre pasado por el Gobierno de Salva Kiir y los principales grupos rebeldes, incluido el del exvicepresidente Riek Machar, ha generado cierta esperanza.
La Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) ha reconocido que «ha habido un descenso significativo en las violaciones y abusos relacionados con el conflicto en todo el país», si bien en la región de Equatoria Central, en el sur, se han constatado más de un centenar de civiles muertos y un centenar de mujeres y niñas violadas por distintos actores en el conflicto, incluidos grupos que no firmaron el documento.
Así pues, aunque la violencia de carácter político se ha reducido en gran medida, no ha cesado por completo. El acuerdo tampoco parece haber restablecido la confianza entre dos de los principales actores en este conflicto, el presidente Kiir y el líder rebelde Machar, quien aún no ha regresado a Yuba.
Más allá de la desconfianza mutua que se profesan, «el problema fundamental es que ambos siguen compitiendo por el poder y ninguno de los dos es capaz de derrotar completamente al otro», resume Alan Boswell, analista especializado en Sudán del Sur del International Crisis Group (ICG).
Esperar que trabajen juntos tras años luchando entre sí es complicado pero aunque se lograra, advierte en declaraciones a Europa Press, existen otros grupos armados activos que no han firmado el acuerdo de paz. Ahora bien, teniendo en cuenta que ambos son «los líderes políticos de los dos mayores grupos étnicos», «un acuerdo entre ellos es necesario para poner fin a la guerra aunque puede que no sea suficiente para acabar con ella».
Uno de los puntos claves en el acuerdo, la creación de un gobierno de transición en el que Machar volvería a ocupar el puesto de vicepresidente, quedó aplazado durante seis meses el pasado mayo, de mutuo acuerdo por todas las partes debido a la dificultad para desarmar e integrar en las Fuerzas Armadas a los rebeldes.
«El problema no es que no tengan tiempo suficiente, es que no están haciendo aquello a lo que se comprometieron», subraya el analista del ICG, que apuesta por que las partes sigan trabajando y no se obcequen en seguir los pasos marcados por el acuerdo al pie de la letra –este prevé unificar fuerzas antes que la creación de gobierno–. Así, desde este organismo apuestan por «un acuerdo protocolario sobre el camino a seguir».
La caída del presidente Omar Hasán al Bashir también ha contribuido a estancar el proceso ya que «era el único líder regional capaz de juntar» a Kiir y Machar y ahora ha quedado en cierta medida huérfano de un líder que ayude a completar el «producto inacabado» que es este acuerdo, afirma Boswell.
LA CRISIS HUMANITARIA SE MANTIENE
Más de cinco años de guerra en un país que aún se recuperaba del impacto de décadas de lucha por la independencia han pasado peaje. En la actualidad, según la ONU, unos 7,2 millones de personas necesitan algún tipo de ayuda humanitaria o protección.
«El acuerdo de paz promete ofrecer nuevas oportunidades a mujeres, hombres y niños. Sin embargo, los efectos acumulados de años de conflicto, desplazamiento y falta de servicios básicos se siguen sintiendo en todo Sudán del Sur y el país sigue afectado por una grave crisis humanitaria», destaca en declaraciones a Europa Press Emmi Antinoja, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en el país.
A las organizaciones humanitarias les preocupa especialmente la falta de alimentos. «Las alteraciones prolongadas en la producción de alimentos hacen que el hambre haya seguido aumentando», subraya Antinoja.
Según las últimas estimaciones, una cifra récord de 7 millones de sursudaneses –más de la mitad de la población– se enfrentan a grave inseguridad alimentaria durante la estación de carestía que termina ahora en julio. Además, unos 860.000 niños podrían enfrentarse a desnutrición.
«La gente luchó duro por la independencia en 2011 y ahora está luchando duro para mantener la hambruna a raya», destaca el director del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) en el país africano, Alexander Davey.
«Hay que adoptar medidas urgentes para evitar que el país vuelva a sumirse de nuevo en los niveles de catastrófica crisis alimentaria que vimos en 2017», defiende. Ese año, se declaró la hambruna en dos condados del país, si bien la rápida intervención de las organizaciones humanitarias permitió superarla en unos meses.
Años de conflicto, que han dejado 2,3 millones de sursudaneses refugiados en los países vecinos y 1,8 millones desplazados dentro del territorio, han tenido un gran impacto en la agricultura, con cosechas destruidas y tierras sin cultivar, y han perturbado los mercados, lo que a su vez genera problemas de suministro y subsistencia para la población.
EL ACCESO A LA SALUD, TAREA PENDIENTE
La violencia sexual y de género es también una característica persistente de la crisis en Sudán del Sur, destaca Antinoja. Además, «los riesgos de salud han aumentado desde 2018» con un aumento de los brotes de sarampión en comparación con un año antes y el riesgo de que llegue el ébola desde la vecina República Democrática del Congo (RDC).
«Los sursudaneses siguen enfrentándose a enormes retos en el acceso a atención sanitaria de calidad, ya que el sistema está debilitado por años de conflicto», destaca el jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el país, Claudio Miglietta, que incide en que el «frágil sistema de salud depende de la ayuda internacional, siendo las ONG las que realizan buena parte de los servicios».
El país cuenta con una de las mayores tasas de mortalidad infantil en el mundo y enfermedades prevenibles como la malaria, la diarrea o la neumonía figuran entre las principales causas de muerte entre los menores de 5 años, explica a Europa Press. «Se estima que menos de la mitad de la población tiene acceso a servicios médicos adecuados», lo que obliga a muchos a caminar grandes distancias, incluso durante días, para acceder al centro de salud más cercano, subraya.
«Los equipos médicos de MSF constatan necesidades alarmantemente altas de salud mental en todo el país, pero el sistema de salud sursudanés cuenta con muy pocos recursos para tratar este tipo de problemas», lamenta Miglietta.
En un país del tamaño de Sudán del Sur, donde apenas hay unos cientos de kilómetros de carreteras asfaltadas, el acceso ha sido y aún sigue siendo un obstáculo para las organizaciones humanitarias, sobre todo en la actual estación de lluvias. «La reducción de la violencia en el conflicto armado desde el acuerdo ha mejorado el entorno en el que trabajan las ONG y les ha permitido moverse de forma más segura», resalta la portavoz de OCHA.
«MSF intenta llegar a las personas que más lo necesitan, pero estos lugares a menudo son de muy difícil acceso», reconoce el jefe de MSF en el país, y en ocasiones resulta «demasiado inseguro» trabajar en ellos. «Cuando no se pueden superar esos retos, no es MSF quien sufre, sino las personas que pueden perder atención sanitaria vital», advierte.
Además del acceso, las organizaciones humanitarias necesitan fondos. Para 2019, la ONU y las ONG han solicitado 1.500 millones de dólares para dar respuesta a las necesidades en el país, pero hasta el momento se ha recibido el 40 por ciento. «Hacen falta con urgencia más fondos para mantener la respuesta y llegar a todas las personas que lo necesitan», reclama la portavoz de la OCHA.