La modificación de la Ley del Suelo aprobada por el Gobierno con reticencias de Sumar finalizará en el Congreso el miércoles el período de presentación de enmiendas al texto y podrá, con ello, continuar con su trámite parlamentario.
Tras ser aprobada por el Ejecutivo a finales del mes de marzo, la reforma que busca agilizar la construcción de vivienda eliminando la paralización de los planes urbanísticos por cuestiones formales encararía, de no prorrogarse el plazo, una nueva fase en la que el PSOE tendrá que tejer apoyos para sacar adelante la norma.
El Gobierno, que ya llegó a comenzar la tramitación parlamentaria del texto en la anterior legislatura, ha trasladado que la modificación responde a una demanda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Sin embargo, el socio de coalición Sumar ha mostrado sus objeciones al respecto y Podemos se ha posicionado en contra.
En cambio, la titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, dijo la semana pasada en un pleno del Congreso que esperaba contar con el apoyo del PP. La norma es una de las principales reivindicaciones del sector inmobiliario y ha llegado a ver la luz -aunque no definitivamente- tanto con el Gobierno de Pedro Sánchez como con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, por lo que ambos partidos podrían ponerse de acuerdo para aprobarla.
De hecho, a finales de mayo de 2018, el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, llegó a aprobar un anteproyecto de ley que pretendía limitar a cuatro años el plazo para presentar denuncias contra los planes urbanísticos y dar un plazo de hasta un año y medio para que se subsanasen los errores denunciados mientras se mantenía en vigor el mismo.
Además, en su programa para las pasadas elecciones generales, los populares prometían impulsar una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que garantizase “la perdurabilidad de los planes urbanísticos cuando se impugnen cuestiones no estructurantes de los mismos”.
CAMBIOS LEGALES
En el texto aprobado en Consejo de Ministros, el Ejecutivo explica que “tanto en España como en otros países europeos» se ha detectado la problemática que plantea la “calificación inflexible de los vicios de los Reglamentos cuando estos se proyectan sobre los instrumentos de ordenación territorial y urbanística”, algo que provoca su “nulidad de pleno derecho por cualquier tipo de vicio procedimental, por insignificante que éste sea”.
Así, afirma que “se cuentan por decenas los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que se han anulado y que continúan anulándose”, lo que genera “una amenaza grave para la seguridad jurídica, además de una paralización de la potestad planificadora de las Administraciones públicas que provoca efectos muy negativos sobre los intereses generales”.
La norma pretende tener un “impacto positivo en la economía nacional”, en la medida en que “dota de mayor seguridad jurídica a unos instrumentos de ordenación que resulta clave para el desenvolvimiento de cualquier actividad económica”. Resalta que este impacto es “más importante si cabe en este momento”, pues existe una necesidad de “asegurar el buen fin de los numerosos programas de inversión ya aprobados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.
En esta línea, la norma excluirá del silencio negativo a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, destinada al alquiler social, cuando sean promovidas por las Administraciones Públicas, sus entes dependientes o mediante fórmulas de colaboración público-privada.
GOLDEN VISA
Tras anunciar su intención de eliminar los visados de residencia por compra de inmuebles por un valor superior a 500.000 euros, conocidas como ‘Golden visa’, fuentes del Gobierno señalaron que se planteaban llevar a cabo esta modificación a través de una enmienda a la Ley del Suelo.
Dado que esta medida ha sido fuertemente reivindicada por el espacio a la izquierda del PSOE, Podemos y Sumar se verían en la tesitura de tener que apoyar la Ley del Suelo para que la eliminación de las ‘Golden visa’ sea una realidad.