El presidente del Gobierno ha visitado el laboratorio forense de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, en una jornada en la que el Gobierno de España ha decidido elevar a Naciones Unidas, así como a instituciones europeas como el Parlamento Europeo o el Consejo de Europa, las últimas decisiones de los gobiernos autonómicos en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana “contrarias a los valores” que recoge la Ley de Memoria Democrática.
Así lo avanzó el Ejecutivo, según fuentes de La Moncloa, entre las medidas contra estas acciones de los tres gobiernos PP-Vox y que se sumarán a los recursos ya anunciados ante el Tribunal Constitucional, porque el Gobierno considera que se trata de cuestiones de “gravedad.
En concreto, según La Moncloa, el Ejecutivo recurrirá en Naciones Unidas al relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al relator de Ejecuciones Extrajudiciales, para que evalúen la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos.
Además, según dichas fuentes, el Gobierno asegura que se promoverán distintas iniciativas para incluir en el orden del día del Pleno del Parlamento Europeo para su debate y votación por parte del grupo socialista.
Por otro lado, ante el Consejo de Europa, el Gobierno apuesta por invocar la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos se promoverán las siguientes actuaciones mediante varias acciones.
En concreto, con un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox; y con informar a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación.
Así como con la solicitud, según siempre dichas fuentes de La Moncloa, de la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en nuestro país ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.
Precisamente, estas acciones que va a impulsar el Ejecutivo se conocieron en la mañana en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó el laboratorio forense de Cuelgamuros, junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.