El Gobierno del Asturias ha destinado 1.012 millones al salario social desde su aprobación en 2005. El esfuerzo económico del Principado ha permitido asegurar una cobertura anual media a 13.243 hogares en riesgo de exclusión.
La renta básica fue implantada en 2005, cuando presidía el Principado Vicente Álvarez Areces. El precedente era el ingreso mínimo de inserción, puesto en marcha años antes. Durante estos 15 años de vigencia, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha recibido 58.306 solicitudes de prestación, lo que supone una media de 330 expedientes al mes.
Este dato ha fluctuado de forma considerable, en función de la evolución de la situación económica. Alcanzó el máximo en 2016, cuando se llegaron a registrar 483 peticiones en un mes. El mínimo se sitúa en 2008, cuando descendió a 177 solicitudes. En estos tres lustros, la media percibida por cada unidad económica de convivencia es de 403 euros mensuales (4.836 euros al año).
Actualmente, 21.960 hogares asturianos perciben esta ayuda, que se ha convertido en una “auténtica armadura social que nos ha permitido combatir situaciones de extrema dificultad que puede sufrir cualquier persona o familia en algún momento de su vida”, ha destacado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.
Ahora, uno de los principales objetivos del Gobierno de Asturias es facilitar el acceso al empleo de quienes cobran el salario social. Para ello, la consejería suscribió en agosto un convenio con el Servicio Público de Empleo.
“Nadie debe fiar su proyecto de vida a una ayuda. Por ello, una de las prioridades de esta consejería no es solo dar cobertura económica a quienes más lo necesitan, sino favorecer que puedan reengancharse a su vida laboral. Además del convenio con el Servicio de Empleo, trabajamos en buscar nuevas fórmulas para que estas personas reanuden su actividad laboral y su proyecto de vida”, ha explicado Melania Álvarez.
Garantías en el paso al Ingreso Mínimo: nadie dejará de cobrar
Desde junio, la consejería está también implicada en el trasvase de expedientes del salario social al ingreso mínimo vital, la nueva ayuda aprobada por el Gobierno de España con la misma finalidad que la prestación autonómica: prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social.
La consejera ha garantizado que “durante el trasvase de una ayuda a otra, nadie va a dejar de cobrar su prestación. Somos conscientes de que serán dos ayudas que convivirán, ya que aquellas personas que no cumplan los requisitos para percibir el ingreso minimo continuarán bajo el paraguas del salario social”.
A principios de septiembre, la consejería remitió al Instituto Nacional de la Seguridad Social casi 15.000 consentimientos expresos de perceptoras de la ayuda autonómica, una fórmula diseñada para evitar la carga burocrática.
“Todas las personas beneficiarias del salario social tienen la obligación de solicitar la ayuda estatal. Es importante que sepan que las cuantías que garantiza el ingreso mínimo son ligeramente superiores al salario social, aunque también sabemos que hay colectivos que continuarán cobrando la ayuda autonómica”, ha afirmado Melania Álvarez.