Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, urgió a los grupos parlamentarios a desbloquear la Ley de Familias y reclamó una ayuda universal que alivie el coste medio de 600 euros mensuales por hijo.
Ibarra afirmó, en una entrevista en Servimedia, que «lamentablemente» la situación política tiene bloqueada la Ley de Familias. Una norma que lleva casi dos años encima de la mesa y que está «enquistada» desde entonces «con muchos procesos de enmiendas»; la última, la enmienda a la totalidad presentada por Junts hace unas semanas.
El director de la Plataforma de Infancia afirmó que la organización viene trabajando en esta norma «desde hace varios ministros», lamentó que «no hay visos de que esto vaya a ver la luz a corto plazo» y criticó esta parálisis legislativa ante la situación de la crianza en España.
COMPARACIÓN CON LA UE
Ibarra afirmó que España «tiene una inversión muy baja en políticas de infancia y familia, a diferencia de otros países» europeos que tienen ayudas que «previenen la pobreza, como las ayudas universales a la crianza».
En la entrevista en Servimedia, el director de la Plataforma de Infancia abogó por «una ayuda para cada niño o niña por el mero hecho de existir en ese país como tiene Alemania, como tiene Irlanda, como tienen 14 de países de la Unión Europea».
Frente a esa inversión en políticas de infancia, en España las ayudas están «muy orientadas a cuando una persona es muy pobre», aseveró. En concreto, Ibarra se refirió al Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del Ingreso Mínimo Vital con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en octubre, 544.159 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 68 euros por menor y de 125,8 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
Pero esta ayuda, dijo, se dirige «a las familias que están, no solo en riesgo de pobreza, sino realmente con una intensidad importante de pobreza, aunque se han abierto los umbrales, pero no está llegando». Además, puso el foco en la burocracia que hay detrás y que limita el acceso a las mismas y hace que «el 73% de las familias que podrían recibir el CAPI no lo están recibiendo».
EL PRECIO DELA CRIANZA: 600 EUROS AL MES
«Por eso pedimos una ayuda universal o cuasi universal que llegue a todas las familias, no solo las que están en pobreza, lo cual reduciría drásticamente esa intensidad de pobreza, pero sobre todo evitaría que muchas familias entrasen en la situación de pobreza. Hay que entender que en España la crianza de un niño, aunque va cambiando según comunidad autónoma, son como unos 600 euros al mes», indicó.
Frente a ese dato, Ibarra contrapuso el importe de las ayudas existentes en España, que rondan los «100 o 150 euros en función de la comunidad autónoma». «Es decir, no cubre ni siquiera a las familias que están en pobreza y les ponemos muchas barreras. Hay que cambiar esa mentalidad, hay que plantear ayudas universales que no son tan caras, que otros países lo están haciendo y que además redunda al final en un ahorro para los servicios públicos, porque estamos reduciendo la pobreza de esa infancia, lo cual hará que esos niños, cuando sean adultos, tengan más oportunidades de desarrollarse y no sigan siendo pobres», concluyó.
A este respecto, se refirió a los últimos datos del Informe Foessa de Cáritas, que revela que existe un fenómeno de «transmisión intergeneracional de la pobreza». «Una persona que vive en pobreza en su infancia tiene menos oportunidades y el 80% va a seguir siendo pobre cuando sea adulto. Y eso son también más cargas económicas para el Estado», apuntó Ibarra.
Por ello, reclamó que se tomen medidas. No es solo una cuestión de justicia social, advirtió, es que desde un punto de vista económico «tendría un impacto muy claro en nuestro beneficio como sociedad. Y lo sabemos, el Ministerio lo sabe». De hecho, señaló que el Gobierno encargó un estudio hace solo dos años donde estimaba que la pobreza podía costar unos 78.000 millones de euros al Estado. La prestación universal podría rondar, en cambio, entre 3.000 y 10.000 millones, calculó. «Va a ser mucho más rentable que cualquier otra política», añadió.
DIRECTIVA EUROPEA
Ibarra también señaló la preocupación de la Plataforma de Infancia por el incumplimiento de España con la Unión Europea, pues la Ley de Infancia viene a trasponer la directiva europea de conciliación, «que es una obligación que tenemos desde el año 2019».
«Desde que se aprobó la directiva de la Unión Europea ha pasado el tiempo máximo de trasposición. Se ha abierto un procedimiento sancionador a nuestro país por incumplimiento de la directiva y al final ya no solo la multa que hemos estado pagando todos estos años por no trasponer la directiva, sino es el derecho que están perdiendo muchas familias, muchos niños y niñas de ejercer los permisos remunerados que planteaba la directiva», explicó.
Admitió que la norma se ha ido «más o menos trasponiendo» parcialmente a través del real decreto y de otros instrumentos, pero reveló que según un estudio jurídico en el que están trabajando desde la organización, es posible que la trasposición no se haya realizado adecuadamente. «Por ejemplo, se incluye la posibilidad de un permiso parental remunerado, pero únicamente para aquellos niños, niñas nacidos o ahora o en el último año, hasta los ocho años. Creemos que lo que dice la directiva es que ese permiso tiene que ser accesible para todos los menores de ocho años a día de hoy. Es decir, quedarían fuera todos los menores de ocho y mayores de un año de acceder a este permiso. Y nosotros creemos que eso es un error y que se está incumpliendo con la directiva y así lo vamos a trasladar», detalló.
Además, apuntó que no cumplir con la exigencia de la UE puede tener impacto en la recepción de fondos europeos de recuperación vinculados a la propia Ley de Familias.
EL RETO DE LA CONCILIACIÓN
Más allá de cumplir con los mínimos legales exigidos por la Unión Europea, Ibarra pidió a las fuerzas políticas y a la sociedad en su conjunto que tenga «más ambición» para exigir medidas de conciliación reales que hagan frente al reto del invierno demográfico, pues España, destacó, «tiene una de las tasas de fecundidad más bajas de la Unión Europea, donde una de las principales razones que dicen tanto hombres como mujeres es que quieren tener más hijos de los que tienen», pero que razones económicas o de conciliación se lo impiden.
España tiene unos permisos de nacimiento para los varones más amplios de la Unión Europea, reconoció, y pidió que se siga avanzando en esa línea para hacer caso a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recomienda un permiso de cuidado por hijo de 6 meses.
Ibarra reclamó también que se avance en un permiso parental remunerado que permita a las familias cuidar de la infancia, especialmente en aquellos casos en que los niños y niñas tengan una recomendación médica de no acudir a un centro escolar. Cuando eso pasa, dijo, «surge una bomba en las familias» y es en ese momento donde se revela «una gran desigualdad» entre quienes pueden «tirar de servicios privados o de abuelos o abuelas para cuidar» y quienes no tienen red familiar o apoyo económico suficiente. Y señaló, que «está demostrado que lo mejor es que el niño pueda estar más tiempo con su padre y con su madre. Es positivo para su crecimiento, es positivo para el apego y positivo para su bienestar», y por ello, exigió que se favorezca que las familias puedan estar más tiempo con los niños.