Recortes Cero anunció este martes mediante un comunicado de prensa que se ha concentrado hoy frente a las Torres Kio, en la sede de Bankia, para exigir que el banco se mantenga público y no ceda a las exigencias de la Unión Europea.
Los mandatos de Bruselas obligan al Estado español a vender antes del 31 de diciembre de 2019 el 60,63% del capital social del cuarto banco del país, que posee a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Según Sara Montero, cabeza de la lista europea de la coalición “sobre la cuarta entidad financiera del país no decide el Banco de España sino Bruselas, aunque no sucede así en todos los países de la UE”. Tal y como explica Montero, Alemania se encargó de que las instituciones comunitarias no pudieran entrar en su sistema financiero y solo una ínfima parte de las más de 400 cajas de ahorros germanas está bajo supervisión comunitaria. “Si al Deustche Bank, ahora en serios problemas, se le hubieran exigido las condiciones impuestas a Bankia, hace meses que habría quebrado”.
Recortes Cero – Los Verdes denuncia que el plazo impuesto por Bruselas para privatizar Bankia aboca a una subasta a precio de saldo de los bienes públicos. “Se emplearon 22.424 millones de dinero público para rescatar Bankia. Solo se han recuperado 2.864, y según todos los analistas, la venta antes de 2020 solo reportaría al erario público ingresos por valor de 6.000 millones”, ha explicado Esteban Cabal, portavoz de Los Verdes – Grupo Verde y segundo candidato.
El presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri, exconsejero delegado del BBVA, ya se ha pronunciado afirmando que “no es necesario aplazar la privatización de Bankia”, y remarcando que “no estoy de acuerdo con una banca pública”.
Sara Montero ha insistido en que “los activos de Bankia suman 213.932 millones de euros. Es una cifra casi equivalente a la recaudación total de la hacienda pública durante todo un año”.
La candidata de Recortes Cero – Los Verdes asegura que, si Bankia se convierte en “el embrión de una potente banca pública”, esta cantidad de dinero “podría colocarse al servicio del desarrollo del país, de conceder créditos en condiciones favorables a empresas y familias, para crear riqueza y empleo”.