Los secretarios generales de CCOO y UGT Asturias, Antonio Pino y Justo Rodríguez Braga, respectivamente, han participado este miércoles en la recogida de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para implantar una renta básica de inserción de 426 euros mensuales dirigida a quienes no dispongan de ninguna prestación y estén en condiciones de trabajar. La medida podría beneficiar a 2,1 millones de personas en España y unas 31.000 en Asturias.
En el Principado, esta medida podría ser complementaria con el salario social que quedaría circunscrito, según los sindicatos, a aquellas personas que no están en condiciones de incorporarse al mercado laboral. De este modo, aseguran, se liberarían recursos del presupuesto autonómico para otras partidas e inversiones.
Así lo han explicado en declaraciones a los medios durante la recogida de firmas organizada en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo. Del mismo modo, apuntan que la iniciativa tendría un coste similar al 1% del PIB de España, por lo que entienden que es «asumible» para los Presupuestos Generales del Estado.
Por otra parte, se han mostrado razonablemente satisfechos con el grado de ejecución de la concertación social frente a las críticas de la FADE por falta de inversiones. «Es verdad que no se cumplío todo lo comprometido en inversiones, pero primero son las personas», dijo Justo Rodríguez Braga, mientras que Antonio Pino instó a la patronal a explicar qué pretende con su demanda de más inversión, reclamando que se vincule a la generación de empleo.
En cuanto a la petición de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), los dirigentes de CCOO y UGT consideran que hay vías para que las propuestas de los ayuntamientos puedan recogerse en la concertación sin necesidad de que participen directamente.
«Somos el vehículo para trasladarlas, si no hay muchos más entidades y organizaciones que podrían entrar y se convertiría en un consejo social y no en un acuerdo de concertación», apuntó Rodríguez Braga.
Del mismo modo, Antonio Pino recordó que los ayuntamientos tienen la posibilidad de realizar acuerdos de concertación en sus territorios, como ya hacen Gijón, Siero, Langreo y Mieres. «Pueden implementar el acuerdo regional a nivel local», señaló.