Hoy viernes el Pleno del Congreso rechazó por 166 votos a favor y 184 en contra, de PP, Vox, Junts y UPN, la convalidación del Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
Entre otras cuestiones, esta norma blindaba la renovación automática de los contratos de alquiler por cinco años o siete si el arrendador es una persona jurídica y la indemnización al inquilino si el propietario finaliza el contrato sin una causa justificada en la norma.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomó la palabra para cerrar el debate previo a la votación y preguntó a los diputados que habían avanzado su voto negativo si estaban en la Cámara Baja “para servir los intereses de unas élites inmobiliarias”, convencido de que “será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente”. “Hagan lo correcto, porque creo que, si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan», advirtió.
El texto fue defendido por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien, en su último turno de palabra, aseguró que las medidas contenidas en el documento eran “de sentido común” porque recogían un modelo que “tiene media Europa”, por lo que urgió a “trabajar para ello” porque, a su juicio, “la calle tiene razón en esto también”.
Tras puntualizar que la crisis de vivienda “no es meteorológica ni está sucediendo porque sí”, alertó de que es un “mecanismo para confiscar las rentas de la clase trabajadora”, convencido de que PP, Vox y Junts “defienden a una clase rentista con su voto”.
En la misma línea, afeó que, “ante el clamor social que recorre el país”, que “exige de sus representantes políticos que den solución” al “primer problema” de la clase trabajadora, en concreto PP, Vox y Junts “vuelven a votar no”. “Haciendo esto quizá bloqueen las medidas necesarias que llevan los dos decretos leyes”, admitió, si bien les recordó que, con ello, están “cometiendo un gravísimo error político” y que “la gente”, también “su gente”, se lo “hará pagar en las urnas”.