(EP) – El expresidente catalán Carles Puigdemont ha pedido al instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, que anule la orden de captura que dictó en su contra por presuntos delitos de desobediencia y malversación, al tiempo que le ha acusado de «ignorar» la reforma penal aprobada por las Cortes que entró en vigor el pasado 12 de enero.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa –a cargo del letrado Gonzalo Boye– reclama que, en caso de que no se estime su recurso, se remita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una batería de cuestiones prejudiciales. Entre otras, insta a que se pregunte si el Tribunal Supremo (TS) es el órgano competente para llevar una causa contra un eurodiputado, como es el caso de Puigdemont, que goza de inmunidad como miembro del Parlamento Europeo.
El líder independentista responde así a Llarena, que se vio obligado a reformular el procesamiento y las órdenes de busca y captura contra Puigdemont y los demás prófugos del 1-O para ajustarse a la reforma penal. El magistrado cambió la desaparecida sedición por desobediencia, descartando que los hechos encajaran en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, y mantuvo la malversación agravada, desechando las nuevas versiones atenuadas.
LA SEDICIÓN, «DEROGADA» POR ALEMANIA
En su recurso, Puigdemont denuncia que es víctima de un procedimiento ‘ad hoc’ movido por el «fumus persecutionis» (ánimo persecutorio) que achaca a Llarena. Su defensa sostiene que «ni había cometido un delito de sedición ni ha cometido uno de malversación».
A su juicio, aunque señala que la reforma penal que elimina la sedición y modifica la malversación «pudo tener un mayor calado democrático», «el problema son los hechos, que no tienen encaje en el ordenamiento penal de ningún estado democrático de nuestro entorno».
En este punto, esgrime que en Alemania se dictó una sentencia que «implicó la derogación de facto del delito de sedición, como el de rebelión», aún cuando el Legislador tardó «más de 4 años en hacerlo efectivo y publicarlo en el Boletín Oficial del Estado».
La defensa concluye que «ni antes de la reforma ni después de esta podía ni puede ser acusado del delito de sedición, mucho menos del de rebelión, ni del de desórdenes públicos del apellido que se le quiera poner porque en ningún sistema democrático los hechos de octubre de 2017 son incardinables en ningún tipo delictivo».
LOS ERE Y LA MALVERSACIÓN
Y añade que «lo mismo ha de suceder respecto del delito de malversación: los hechos que se les imputan son, a lo sumo, inexistentes, como sucede en el caso de la malversación fantasma de Unipost».
Sobre la nueva malversación agravada, que exige el ánimo de lucro, argumenta que en el auto de procesamiento original no había «ninguna referencia» al mismo, por lo que acusa a Llarena de llevar a cabo una «mutación de hechos y de derecho» para «generar una apariencia criminal que le permita, llegado el caso, poder privar de libertad» al expresident.
Puigdemont subraya el hecho de que Llarena citara entre la jurisprudencia la reciente sentencia del ‘caso ERE’ para expresar su sorpresa porque, según plasma, en la misma el Supremo dijo que la malversación (antes de la reforma penal) abarca conductas con «ánimo de lucro» donde la autoridad o funcionario «incorpora (los caudales) a su patrimonio haciéndolos propios, o consiente que otro lo haga».
Anuda a esto que se requiere «la extracción de los caudales públicos del ‘control público'», subrayando que esto «es absolutamente contrario a lo sucedido en el presente caso» porque hubo «un acabado control de cada uno de los euros, y sus correspondientes céntimos», pero «destinados a fines que no le gustan magistrado».
En consecuencia, reprocha a Llarena que se haya «pasado de configurar la supuesta malversación como un medio para cometer un delito de sedición a contemplar la malversación como un delito autónomo y agravado hasta su límite máximo sin que los hechos se hayan modificado».
Así, cree que el juez «solo pretende, si así se lo autoriza el TJUE, a cursar por cuarta vez unas órdenes europeas de detención y entrega marcando, por cuarta vez, la casilla correspondiente a la corrupción», algo que –recalca– hasta ahora «no ha servido para confundir a las autoridades de ejecución en ninguna de las tres ocasiones anteriores». «Tampoco lo conseguirá en una cuarta tentativa», augura.
INSTA A LLARENA A APARTARSE
En su recurso, Puigdemont vuelve a combatir la competencia del TS para perseguirle penalmente recordando que es eurodiputado y que «ningún precepto legal dispone que los diputados al Parlamento Europeo sean aforados ni ante el Tribunal Supremo ni ante ningún otro órgano jurisdiccional».
Al margen, el expresident alude a la propia jurisprudencia del TS, según la cual «el reconocimiento de fueros especiales para el enjuiciamiento de determinadas personas, en la medida que suponen una excepción al principio del juez natural, no pueden tener una interpretación extensiva».
Así, considera que Llarena para procesarle se «salta» la propia jurisprudencia del Supremo «creando» una situación ‘ad hoc’ para los eurodiputados independentistas catalanes. Además, recuerda casos de otros dirigentes políticos que pese a contar con auto de procesamiento fueron puestos en libertad tas ser elegidos como diputados o senadores.
Por otro lado, reprocha al instructor del ‘procés’ que cambie «el estrado por la tribuna para criticar al poder Legislativo» y que prescinda de «toda vinculación con el derecho de la Unión». «Estamos ante una auténtica situación de rebeldía», dice respecto al magistrado.
Y, con todo, insta a Llarena a apartarse y a anular todas las decisiones adoptadas desde que Puigdemont es eurodiputado, incluido el auto por el que se le procesa por desobediencia y malversación agravada, así como remitir la causa a un juzgado de instrucción de Barcelona.
Por último, incide en que si Llarena no se aparta ni anula el auto debe plantear al TJUE las cuestiones prejudiciales sobre la competencia del TS. Para ello, cita al presidente de la Sala de lo Penal del TS, Manuel Marchena, reproduciendo un epifrage en el que manifestó que la cuestión de los aforamientos de los eurodiputados es «un asunto sobre el que tantas dudas convergen».
VE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y DICE QUE ACUDIRÁ A EUROPA
Puigdemont indica que, en cualquier caso, «se reserva el derecho a, llegado el momento oportuno», llevar su caso ante el propio Parlamento Europeo, que «tendrá que pronunciarse al respecto» y «su decisión será a su vez, naturalmente, revisable por el órgano competente del TJUE, con las consecuencias que ello tendría para la perjudicada credibilidad de la Justicia y de este procedimiento en particular».
El líder independentista, procesado en rebeldía y huido desde 2017, alega a su vez que ha visto vulnerado su derecho fundamental a no ser castigado dos veces por el mismo hecho. Para el dirigente existen en el TS y en el Tribunal de Cuentas dos procedimientos «paralelos» que «surgen a partir de unos mismos hechos» y «ambos sustentando en el ámbito de reprimir al independentismo catalán».
«No es conforme al ‘non bis in idem’ la existencia de los dos procedimientos ni conforme al principio de proporcionalidad que los hechos que dan pie a una exigencia de responsabilidad contable, por alcance, sirvan, también, para la exigencia de responsabilidad penal por un delito, malversación, y, además, en su modalidad hiper agravada», señala.
Al hilo, recalca que «para el improbable supuesto de que persista la tentación de cursar una cuarta orden europea de detención y entrega será la Justicia de otros estados miembro las que deberán evaluar cómo se ha vulnerado el ‘non bis in idem’ y el principio de proporcionalidad».