(EP) – La elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 destaca como uno de los principales objetivos del Ministerio de Hacienda y Función Pública de cara al segundo semestre del año.
Así se recoge en la nueva edición de ‘Cumpliendo’, el informe de rendición de cuentas sobre la labor del Ejecutivo presentado el pasado viernes por el presidente del Gobierno.
Según el Departamento que dirige María Jesús Montero, estas cuentas públicas serán «fundamentales» para consolidar el crecimiento económico, fortalecer el Estado de Bienestar y dar respuesta a las consecuencias derivadas de la guerra. Todo ello con la ayuda de los fondos europeos para transformar el modelo productivo.
Asimismo, durante los próximos meses el departamento de Hacienda y Función Pública seguirá volcado en las medidas para mitigar el impacto económico de la invasión de Ucrania.
En este sentido, una de las claves será la implementación del plan de ahorro y eficiencia energética en la Administración General del Estado y también la tramitación parlamentaria de los gravámenes a las entidades financieras y a las empresas energéticas para repartir de manera más justa las cargas derivadas de la guerra.
MEDIDAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA INFLACIÓN
La labor del Ministerio de Hacienda y Función Pública durante estos primeros seis meses del año ha estado marcada por la adopción de medidas para paliar el impacto de la elevada inflación provocada por la guerra en las familias y el tejido productivo.
En ese sentido, el Gobierno ha aprobado iniciativas dirigidas a moderar los efectos del encarecimiento de precios en la clase media y trabajadora, proteger a los colectivos vulnerables y apoyar a los sectores económicos más afectados.
Así, se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022 las rebajas fiscales vinculadas a la factura de la luz incluyendo una reducción adicional del IVA de la electricidad al 5%.
La prórroga de las medidas fiscales hasta final de año implica mantener la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5%, el gravamen mínimo que permite la normativa de la Unión Europea, y la suspensión durante todo 2022 del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica (Ivpee). Todo ello supone una disminución del 80% de las figuras fiscales de la electricidad.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública también ha tenido que desarrollar e implementar, a través de la Agencia Tributaria, otras medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, la ayuda a sectores afectados como los transportistas o la industria gasintensiva, y más recientemente, la ayuda de 200 euros a hogares con rentas inferiores a 14.000 euros.
HITOS CONSEGUIDOS
Al margen de las medidas adoptadas en los decretos de respuesta a la guerra, el departamento que dirige María Jesús Montero ha reforzado las capacidades administrativas para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia mediante la creación del Registro Estatal de las entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Reperte), así como los procedimientos necesarios para su utilización por los departamentos ministeriales.
Otro de los hitos logrados en estos seis meses ha sido la creación de un plan de captación del talento para poner freno al problema del envejecimiento de la Administración General del Estado.
En este primer semestre también el comité de personas expertas para la reforma fiscal presentó el Libro Blanco con sus propuestas. Un documento que está siendo analizado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública teniendo en cuenta el contexto económico actual y la necesidad de seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleo de calidad.
Asimismo, durante estos meses ha continuado el compromiso de acercar la administración al ciudadano y potenciar la asistencia al contribuyente. Entre estas iniciativas destacan la ampliación de la Administración de asistencia Digital Integral (ADI) con la nueva sede de Madrid-Getafe, que se une a las de Valencia y Vigo. O en materia catastral, el funcionamiento de un sistema de atención al ciudadano mediante videoconferencia denominado Catastro Directo.