La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ya ha iniciado la tramitación administrativa del decreto que permitirá aplicar el copago a todos los residentes del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) declarados dependientes antes de 2011. El procedimiento de consulta previa, que ya ha comenzado, estará operativo en el Portal de Transparencia hasta el próximo 16 de marzo.
El proceso incluirá también un periodo de información pública para la recepción de alegaciones y, tras contar con todos los informes técnicos y jurídicos oportunos, se elevará al Consejo Consultivo para que emita su dictamen.
La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha comparecido hoy a petición propia en la Junta General para informar sobre el nuevo texto legal, que permitirá resolver las desigualdades generadas en las liquidaciones de servicios de determinados residentes del ERA que no se beneficiaron del copago previsto en la ley de la dependencia.
Esta situación se pudo producir por dos causas. Una, porque el decreto autonómico 144/2010, que regula los precios públicos de servicios especializados de la dependencia y entró en vigor el 1 de enero de 2011, no fue aplicable a las personas declaradas dependientes desde la entrada en vigor de la ley el 1 de enero de 2007, al no tener el decreto carácter retroactivo. La otra, porque la Administración o los propios usuarios optaron por seguir pagando conforme al precio público establecido, al considerar que se trataba de la opción más ventajosa.
Varela ha explicado que, de acuerdo con la auditoría interna que ha llevado a cabo su consejería en los últimos meses, el decreto afectará a 2.338 expedientes de liquidación de servicios de personas fallecidas, concretamente:
- 1.287 que murieron entre 2007 y diciembre de 2010 y a las que no se pudo aplicar el copago porque el decreto no tenía carácter retroactivo.
- Y 1.051 que fallecieron a partir de 2011 sin haber pasado a la modalidad de participación en el coste del servicio prevista en la ley de la dependencia.
La titular de Servicios Sociales ha señalado que con la tramitación del decreto el Gobierno de Asturias avanza en el cumplimiento de la moción aprobada por el Parlamento –convertida en ley en noviembre de 2016- en la que se instaba al Ejecutivo a revisar liquidaciones del ERA y a impulsar una auditoría sobre las deudas reclamadas por los usuarios.
Asimismo, ha recordado que el Gobierno del Principado es el primer interesado en dar respuesta a este asunto y en fortalecer el sistema público residencial, que da servicio a más de 5.000 personas, cuenta con cerca de 1.500 trabajadores y garantiza la atención a todos los mayores, con independencia de sus recursos.