El exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Manuel Pecharromán, ha negado cualquier relación de intereses con la empresa Aquagest y ha denunciado públicamente una «campaña de difamación contra su persona». De hecho, ha advertido que interpodrán una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por las «filtraciones» que, según el exedil, se están produciendo desde el Juzgado número 1 de Lugo, que investiga la supuesta trama del caso Pokémon.
En un comunicado, Pecharromán ha salido al paso de las últimas noticias sobre un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera, en el que se reclama su imputación, junto a la del exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, por supuestamente haber recibido dádivas de la empresa Aquagest, a cambio de favores políticos. Entre estas «dádivas» se mencionaban sendos viajes a EEUU y Croacia.
En una nota de prensa ha recordado que nunca ha tenido «responsabilidades políticas de gobierno en el Ayuntamiento de Gijón. No puede incluírseme en una lista de concejales que hacían favores políticos a una empresa, cuando nunca he tenido competencias ni capacidad para ello», ha recalcado. Se ha remitido además a la causa archivada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Avilés, en la que «ya se constató que tanto el Ayuntamiento de Gijón como la Empresa Municipal de Aguas (EMA), empresa pública que gestiona el agua en mi ciudad, no han tenido relación contractual alguna con la empresa Aquagest».
Reitera además que los viajes que realizaron «varios amigos en el año 2009, los hicimos exclusivamente por tal relación de amistad y fueron pagados por cada uno de nosotros», señala Pecharromán. «No existió en ningún momento prebenda o contraprestación alguna que además yo no estaba en disposición de ofrecer. Nunca he mantenido relación empresarial o compromiso negocial con Joaquín Fernández (exalto cargo del PP, trabajador de Aquagest e imputado como supuesto conseguidor de la trama) ni con la empresa en que trabaja; desconozco las razones que le llevaron a realizar, supuestamente, las anotaciones que han aparecido en los medios y que no responden a la verdad», ha añadido. *
Recalca además que no ha recibido «ninguna citación de ningún Órgano Jurisdiccional, Policial o de la Agencia Tributaria» ni es*t y a imputado en ningún procedimiento. «Entiendo que un Juzgado pueda realizar las investigaciones que estime oportunas para esclarecer cualquier tipo de hechos de apariencia ilícita, pero no resulta admisible que se permita y favorezca el uso torticero de las informaciones para causar un daño político y social de personas ajenas a la causa», considera.
Entiende que está en una situación de «indefensión», por lo que «de manera inmediata» procederá «a formular queja contra el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Lugo ante el Consejo General del Poder Judicial por las filtraciones que se están realizando del sumario y que afectan a mi persona».
Denuncia que se ha manchado su nombre «de manera irreparable con una campaña de difamaciones que no debería quedar impune», por lo que se reserva «el ejercicio de acciones contra las personas y medios que hayan vulnerado mis derechos o continúen haciéndolo».