Los concejales de Somos Oviedo creen «laxas» las explicaciones que el interventor del Ayuntamiento de Oviedo dio por buenas en 2009 para devolver la UTE Asturagua-Tribugest las garantías de los contratos finalizados con el consistorio, adjudicados en 1998 y 2002 y que suman un total de 840.000 euros.
En una rueda de prensa, la teniente de alcalde Ana Taboada ha comparecido junto al edil de Economía y Hacienda, Rubén Rosón, y el concejal Fernando Villacampa, para ofrecer la documentación relativa a las Juntas de Gobierno de diciembre de 2008, febrero de 2009 y junio de 2009, retiradas ayer por agentes de Vigilancia Aduanera de la Casa Consistorial.
Se trata de los acuerdos de Junta de Gobierno en los que se desestimaba la devolución de la garantía del contrato (diciembre de 2008 y febrero de 2009), y el acta de la Junta del 18 de junio de 2009 en la que, con el criterio favorable del interventor, el Ejecutivo local (PP) aprobaba la devolución de las garantías.
La devolución se justificó entonces como una vía para «evitar los costes y demoras que originaría una eventual litigiosidad» con la empresa, después de que ésta recurriese la adjudicación del contrato de recaudación de impuestos de 2007, en la que salió ganadora la actual gestora, la Auxiliar de Recaudación.
En una primera instancia la sentencia fue favorable al Ayuntamiento. Es por ello que desde Somos no entienden por qué el consistorio accedió a devolver la fianza para así evitar que Tribugest presentase un recurso de apelación a la sentencia.
En la Junta de junio de 2009 tanto el Equipo de Gobierno por aquel entonces dirigido por Gabino de Lorenzo, como el concejal de Economía, Agustín Iglesias Caunedo, y el interventor municipal, José Luis González Díaz, decidieron otorgar las fianzas, entendiendo además que la empresa justificó su actividad en la ciudad con la convocatoria de «acontecimientos formativos» en Oviedo y al dotar de los medios instrumentales necesarios para que el Defensor del Contribuyente se incorporase a las instituciones municipales sin coste para el Ayuntamiento.
Igualmente, justifican su decisión alegando unos gastos de alquiler de oficinas y archivo que tuvo que realizar la UTE una vez concluido el contrato.
Todas estas explicaciones son insuficientes para Somos, que consideran que «habría que justificarlo más», a pesar de que el interventor municipal asegura que actuó «conforme a derecho». «Hay actividades justificadas, pero el cumplimiento es bastante laxo», ha estimado Taboada, porque «también figura en el acta que hay muchas otras actividades sin realizar». «Será la juez quien tenga que decidir si está suficientemente justificado», ha subrayado.
El actual edil de Economía, Rubén Rosón, ha hecho el cálculo del coste que ha supuesto para el Ayuntamiento toda esta operación, asegurando que el consistorio ha perdido algo más de un millón de euros, al haber devuelto la fianza y al haber renunciado a cobrarse 166.850 euros por incumplimientos de la empresa.
CAUNEDO «DEBERÍA DIMITIR POR DECENCIA»
Rosón ha puesto el foco sobre el actual portavoz del Grupo Municipal Popular y presidente del PP ovetense, Agustín Iglesias Caunedo, al entender que es el principal responsable de estas actuaciones.
El ex alcalde y ex concejal de Economía «debería dimitir por decencia», según Rosón, y su grupo municipal «debería requerirle el acta» para no verse salpicado por el escándalo. El Ayuntamiento, ha dicho, «no puede quedar más manchado».
A su juicio, la coincidencia en las fechas de los viajes presuntamente pagados por Aquagest a Caunedo con la devolución de la fianza a Tribugest, y la puesta en escena del ex alcalde en la rueda de prensa en la que presentó gastos de sus viajes a EEUU y Croacia, ponen en evidencia que Caunedo «mintió» sobre la relación del Ayuntamiento con Aquagest y también cuando dijo que los viajes se los había pagado él. «Aún no lo ha justificado debidamente ante la juez, y ayer se le terminó el plazo para ello», ha recordado Rosón.