El Graduado Social Asturiano, Marcos Óscar, sostiene que «para garantizar las pensiones solo hay que cumplir la Ley», y añade que «al hablar sobre las pensiones de la seguridad social no hay que pasar por alto las bases sobre las que se construyeron, puesto que he ahí la solución de un debate político y generalizado entre expertos durante años».
Marcos Oscar, en declaraciones a Europa Press, ha manifestado que «los índices estadísticos están bien como simples orientaciones para economistas o estudiosos, no para la realidad de un sistema de estado con unas bases sólidas de que se debe hacer».
Manifiesta que es cierto, que al ritmo de caja única que existe en el sistema, «los gastos pueden tender a superar los ingresos, por una tendencia demográfica de envejecimiento de la población motivado por un empuje de jubilaciones provocado por una reforma laboral nefasta basada en una idea privada».
Sostiene que llegado a este punto «la gente puede comprender la teoría de gasto-ingreso, que como en otra economía de empresa o familia, puede provocar insolvencia y quiebra, pero esta economía no es ni la una ni la otra, puesto que esta depende del estado y su ordenación».
El experto señala que este análisis sobre las pensiones «deber ir más allá de la contribución de los afiliados a la caja o de cómo se endeuda o no el Producto Interior Bruto, donde este último índice goza de una relación directa con la productividad del país y a la vez indirecta con la contribución al sistema de pensiones, parámetros que no valen para justificar el déficit del sistema o para hacerlo cuantitativamente insuficiente en pensiones».
Y añade que «al igual que la deuda del Estado no justifica las subvenciones innecesarias a entes privados aparentemente sin ánimo de lucro, el nefasto ahorro del gasto público o la corrupción que a día de hoy se vive con el dinero público, lo que demuestra el principio básico de cualquier economía, la elección».
Marcos Oscar afirma que «salvo por catástrofe normativa es imposible que el sistema de pensiones tal como lo conocemos se termine, lo que no es contario a que se deban hacer reorganizaciones para adaptarse a los tiempos y circunstancias, el sistema debe persistir porque así lo asegura la constitución y por lo tanto así está obligado el estado a mantenerlo».
«Por tanto, el estado tiene obligación y deber de reorganizar sus partidas presupuestarias innecesarias para dirigirlas hacía aquellas necesarias, las cuales recoge la carta magna de forma clara mediante los principios rectores de la política social y económica, que adolece de un fallo, no haber establecido un régimen prioritario basado en las necesidades básicas de la población, por tanto en función del son que toque en el estado se dirige las partidas presupuestarias hacia donde más votos electorales se genere», concluye.