Managua, 17 jul (dpa) – Al cumplirse tres meses desde que estallaron las protestas en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega se ha afianzado en el poder gracias a la acción armada de policías y paramilitares, mientras cierra puertas al reclamo de la comunidad internacional para buscar una solución pacífica a la crisis.
Tras acceder en mayo a dialogar con la opositora Alianza Cívica, nacida al calor de las primeras manifestaciones estudiantiles de abril, el ex guerrillero de 72 años echó pie atrás y presuntamente rechazó incluso oferta de Estados Unidos para «negociar» su salida del poder y adelantar a marzo de 2019 las elecciones de 2021.
Posiblemente oxigenado por un diálogo nacional que la iglesia católica, como instancia mediadora, aún intenta preservar, Ortega halló su fuerza en los grupos parapoliciales, que hicieron su debut aterrorizando las principales ciudades del país donde ya nadie se atreve a salir de su casa después de las seis de la tarde.
Redadas, capturas selectivas y asaltos a viviendas sin orden judicial son el modus operandi de estos nuevos cuerpos armados, tolerados por el Ejército pese a la crítica ciudadana, según denuncian organizaciones de derechos humanos.
Los temidos encapuchados atacaron a balazos tres grandes marchas pacíficas desde fines de mayo y el fin de semana pasado arrasaron con los tranques (retenes de protesta) en la región sur-central donde dejaron más de 25 muertos, según fuentes del movimiento campesino.
El pasado 7 de julio, al sentenciar que haría «desaparecer” los tranques, Ortega se refirió por primera vez a los opositores como “asesinos” y “terroristas”. Endureció así su discurso descartando toda posibilidad de adelantar los comicios y criticó por primera vez en público a los obispos de la Conferencia Episcopal.
A partir de ese día hubo nuevos ataques de paramilitares a estudiantes, mientras en Diriamba (sur) rabiosos activistas del Gobierno agredieron a golpes a un grupo de obispos, sacerdotes y al nuncio apostólico en el país, el polaco Waldemar Sommertag.
«Ortega desató una barbarie porque es un hombre sediento de dinero y hambriento de poder”, declaró a dpa el obispo de Managua, Silvio Báez, que salió de Diriamba con el antebrazo herido por un objeto cortopunzante. “Asesino, terrorista», repetía la turba enardecida.
Días después, una iglesia de Managua fue baleada por paramilitares que la sitiaron durante 16 horas. En su interior, más de 150 estudiantes previamente desalojados de la universidad vivieron momentos de terror junto un grupo de religiosos y periodistas.
Junto a obispos y sacerdotes, conocidas figuras de la sociedad civil, empresarios, periodistas y dirigentes políticos ligados al sandinismo disidente comenzaron a ser señaladas esta semana como “golpistas” y sus rostros circulan en videos anónimos amenazantes.
Simultáneamente, dos leyes contra el terrorismo y el lavado de dinero, que imponen penas de 15 a 20 años de prisión, fueron aprobadas de urgencia el lunes. «Son leyes de espionaje financiero, para controlar todos los movimientos de capital en el país”, dijo el político opositor y ex vicecanciller liberal José Pallais.
¿Por qué gobernar bajo extrema tensión, con cientos de muertos en sus espaldas y una economía que en 90 días pasó de la fragilidad a la ruina?, se preguntan políticos, diplomáticos y gente de a pie que jamás imaginaron revivir días tan dramáticos como los que en 1979 precedieron a la caída del dictador Anastasio Somoza, a quien Ortega ayudó a derrocar.
«Dicen que Ortega no es un civilista, sino un comandante terco y traumatizado por la guerra”, comentó un empresario colombiano que vino a Managua buscando paz y ahora tendrá que probar suerte en Costa Rica. Un ex general del Ejército que pidió el anonimato opinó que Ortega “no está loco, pero sí convencido de que puede gobernar a punta de represión hasta sofocar la protesta».
Según cifras recientes de organismos no gubernamentales, la crisis ha dejado más de 350 muertos y al menos 2.000 heridos, en un país de sólo seis millones de habitantes y el segundo más empobrecido de América Latina.
Los defensores de derechos humanos han lanzado un S.O.S. mundial, señalando que cada día parece más trágico que el anterior. Pese al miedo a ser asesinadas, miles de opositores siguen saliendo a la calles con banderas de Nicaragua y clamando por “justicia” y “libertad”.
El lunes 13 gobiernos latinoamericanos condenaron en Bruselas la represión y violación de derechos humanos en Nicaragua, durante la cumbre de cancilleres de la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe (CELAC) y la Unión Europea.
En su «Declaración especial sobre la Situación de Nicaragua», Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Uruguay expresaron preocupación «por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales».
Igualmente urgieron a que la situación de Nicaragua sea abordada en la CELAC, para demandar a Ortega el “cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares”.
Los primeros cinco países de esa lista, sumados a Canadá y con Estados Unidos a la cabeza, buscan además aprobar en la OEA una resolución que lleve a Ortega a aceptar un “calendario electoral”.
Por Gabriela Selser (dpa)