La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional denominada “Napoleón-Aguazul”, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral que se ha saldado con la detención de 12 personas en Torredembarra, Reus, Tarragona e Italia por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimiento de la inmigración, detención ilegal y falsedad documental.
Según informó este viernes el Ministerio del Interior, se han realizado 10 entradas y registros, donde los investigadores han aprehendido dos armas detonadoras, más de 22.000 euros en metálico, numerosa documentación de interés y material informático. En este dispositivo, que han participado más de 180 agentes de la Guardia Civil y de Policía Nacional, ha permitido la liberación de un total de 46 víctimas.
La investigación comenzó en octubre del 2023 tras recibir información de la existencia de personas de origen colombiano que trabajaban en unas condiciones laborales pésimas, sin contrato ni documentación de estancia legal y con horarios abusivos. La organización controlaba las viviendas donde eran alojadas las víctimas con cámaras de vigilancia donde vivían hacinadas en habitaciones.
DESDE COLOMBIA
Las víctimas viajaban desde Colombia tras ser captadas por la organización asentada en España, a través de centros de estudios y personas vinculadas a la misma. Se les ofrecía un sueldo y un contrato de prácticas que, una vez en España, no se ajustaban al contrato que habían firmado las víctimas.
Una vez les facilitaban la documentación necesaria para realizar el viaje a España, tales como visados, seguros médicos, tasas de abogados, trámites con consulado y administraciones de Colombia, las victimas contraían con la organización una deuda en concepto de viaje y trámites, quedando así a merced de los jefes de la organización.
La deuda cada vez se hacía mayor para así descontarles directamente el dinero del salario que percibían por su trabajo. Una vez en España las condiciones laborales no se ajustaban a lo establecido por los captadores en Colombia, ya que en un principio les habían prometido un contrato en prácticas de estudiante de hostelería, de cuatro horas diarias y dos días de descanso semanal, vacaciones por año de contrato y un sueldo inicial de 500 euros mensuales.
Sin embargo las jornadas llegaban a ser de 12 horas diarias mínimas, incluso en ocasiones de 15 horas, de lunes a domingo y los descansos semanas se les concedían en contadas ocasiones y sin vacaciones. El salario que recibían tras las deducciones que realizaban los detenidos en algunos casos era de solo 20 euros.
Algunas víctimas llegaban a nuestro país en condición de turistas, y para enmascarar la situación de explotación laboral real, los líderes de la organización criminal las obligaban a inscribirse en cursos de formación en connivencia con las academias. Unos cursos que nunca llegaban a realizar y por los que pagaban grandes cantidades de dinero.
Los miembros de la organización controlaban incluso las bajas médicas para evitar que las tuvieran, si alguna de estas personas se encontraba indispuesta les facilitaban ellos mismos fármacos potentes, que en realidad requerían de receta médica, para que continuaran trabajando. Entradas y registros Al inicio del mes de abril se practicaron cuatro entradas y registros en las viviendas de las víctimas, otras dos en las de los líderes de la organización y otras cuatro en locales de hostelería.
INTERVENCIÓN DE ARMAS
En total se han intervenido dos armas detonadoras, 22.295 euros en efectivo, dos dispositivos móviles, dos portátiles, un vehículo, un disco duro grabador, cámaras de vigilancia y diversa documentación de interés para la investigación.
El juzgado de instrucción competente ha ordenado la clausura de los cuatro locales de restauración de los que se valía la organización criminal para llevar a cabo la explotación. En el curso de la explotación se han detectado a 28 nuevas víctimas de la organización que junto a las 18 víctimas liberadas durante la investigación, hacen un total de 46 víctimas liberadas.
De las 12 personas detenidas y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción 9 de los de El Vendrell (Tarragona), se ha decretado el ingreso en prisión de tres de ellos. Las víctimas ya han sido puestas en contacto con los servicios sociales para su protección. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Tarragona y la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional.