Buenos Aires, 6 nov (dpa) – El Gobierno argentino acordó hoy con la principal central sindical y las entidades empresarias más representativas el pago en dos cuotas y por única vez de un bono de 5.000 pesos (137 dólares) para los trabajadores ante la fuerte caída del poder adquisitivo en 2018.

La decisión fue informada por el ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, a los gremialistas Héctor Daer y Carlos Acuña, jefes de la Confederación General del Trabajo (CGT), en una reunión llevada a cabo en Buenos Aires y en la que participaron también representantes de las empresas.

El otorgamiento del bono, prometió Sica a los sindicalistas, se hará oficial por medio de un decreto que llevará la firma del presidente, Mauricio Macri. Allí se conocerá si el beneficio alcanza al universo de trabajadores o sólo a algunos sectores.

Con esta medida, el Gobierno argentino espera que la CGT abandone la posibilidad de llevar adelante este mes una huelga nacional de una duración de 36 horas en contra del modelo económico vigente.

El bono se pagará en dos cuotas de 2.500 pesos (68 dólares) junto a los salarios de noviembre y enero próximo. En Argentina, el salario mínimo de un trabajador es de 10.700 pesos (293 dólares). Se trata, expresó Daer a la prensa, de una medida “de emergencia”.

La CGT se reunirá el jueves para analizar si el pago extra a los trabajadores alcanza para desactivar la medida de protesta que, en principio, habían amenazado con llevar a cabo el próximo 26 de noviembre.

Junto a los funcionarios de Macri y los gremialistas estuvieron los representantes de empresas de Comercio, Construcción y directivos de la poderosa Unión Industrial Argentina (UIA).

“La pérdida del poder adquisitivo de salarios (en lo que va de 2018) es impresionante”, dijo al diario “BAE” Luis Campos, director del Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Autónoma, una organización sindical disidente de la CGT y opositora al Gobierno de Macri.

Según Campos, hasta agosto pasado los trabajadores registrados en el sector privado habían sufrido una pérdida de 7,9 por ciento en la capacidad de gasto de sus salarios en comparación con el mismo mes de 2017. La baja es mayor en los trabajadores del sector público, que padecieron una caída interanual de 9,9 por ciento.

La pérdida del poder adquisitivo se explica en la fuerte alza de la inflación, que se espera a fin de año supere el 45 por ciento, provocada por la depreciación del peso frente al dólar estadounidense y el traslado de esa disparidad a los precios de los principales productos de consumo de la población.