Junto a la alta incidencia de agresiones al personal sanitario, existe también un alto porcentaje de silenciamiento de estos episodios. Así lo apuntan las investigadoras del Área de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Valladolid (UVa) María del Carmen Sánchez Benito y Ana Isabel de Juan Mazuelas, quienes explican que en este punto coinciden la mayoría de los estudios al respecto.
Esa falta de datos dificulta mucho el seguimiento y abordaje del problema, “porque se trata de un fenómeno del que solo salen a la luz un pequeño porcentaje de casos, en comparación con los que realmente existen”, aseguran. Una situación que muchos autores incluso califican de “punta de iceberg”.
Sánchez Benito y De Juan Mazuelas trabajan en esta línea de investigación desde 2007. Sus tesis doctorales profundizaron en el estudio de las agresiones contra los profesionales de la salud desde una perspectiva principalmente jurídica, “aunque sin olvidar el estudio de la fenomenología del problema”, precisan. Fruto de estos trabajos han surgido diferentes publicaciones, una de las últimas, un editorial de la revista Medicina Clínica en el que valoran la reforma legislativa de 2015.
Las agresiones más comunes son las verbales de tipo injurioso, como los insultos. También las amenazas, aunque en menor porcentaje
“En este trabajo nos referimos al diferente tratamiento penal para el colectivo de la sanidad pública respecto a la privada, a las consecuencias penológicas que se derivan de la reforma y a la inclusión explícita de los profesionales de la salud y la enseñanza públicas como sujetos pasivos del delito de atentado”, explican.
Este tipo penal venía siendo aplicado por la jurisprudencia a las agresiones al personal sanitario de la sanidad pública ya antes de la reforma legislativa de 2015, aunque no de modo homogéneo, y conlleva la imposición de penas de prisión.
Según apuntan, la reforma de 2015 ha permitido una actuación más uniforme por parte de los tribunales ante el problema. “Antes de la reforma, tal consideración no era apreciada por todos los órganos jurisdiccionales en la misma medida: agresiones similares podían ser delito de atentado o no, según el tribunal que las enjuiciara. Ahora no hay duda: las agresiones al personal sanitario pueden ser delito de atentado, siempre y cuando, claro está, revistan una gravedad suficiente”, subrayan.
Tanto en sus trabajos como en gran parte de los estudios publicados, las agresiones más comunes son las verbales de tipo injurioso, como los insultos. También las amenazas, aunque en menor porcentaje “y que no serán consideradas a partir de ahora como atentado, al no contemplarse la intimidación como modalidad de este delito”, señalan.
Otra de las conclusiones se centra en las agresiones al personal sanitario del sector privado, que tampoco son consideradas delito de atentado. “Para llegar a castigar este tipo de sucesos del mismo modo que se hace en el sector público, podría acudirse a una aplicación amplia del artículo 554 del Código Penal, que en la actualidad protege con penas equivalentes a las del delito de atentado a los miembros del personal sanitario que participen en actividades de socorro en situaciones de emergencia”, recalcan.
La necesidad de un registro nacional
No obstante, estos avances legislativos deberían complementarse, a su juicio, con otras medidas, como la creación de un registro nacional que recoja todos los casos notificados o denunciados. “En la actualidad, solo algunas comunidades autónomas poseen datos referidos a sus respectivos ámbitos de actuación, pero no tenemos datos globales fiables a nivel nacional”, advierten.
Por el momento, únicamente la Organización Médica Colegial (OMC) tiene un registro nacional que se nutre de los datos de sus colegios provinciales, pero también es muy limitado. “De hecho, la propia OMC lleva años reclamando la creación de un observatorio de agresiones que pueda operar en el país”, concluyen las expertas.
SINC