El Gobierno de Asturias ha acordado hoy remitir al Consejo Consultivo el decreto de protección y control ambiental que, junto con el plan de inspección para el periodo 2018-2020 aprobado la pasada primavera, reforzará la política autonómica en este ámbito, especialmente en lo que respecta a la vigilancia de la actividad industrial.
Algunos de los principales objetivos de la nueva norma son los siguientes:
– Aumentar la protección del medio ambiente a través del control sistemático de aquellas actividades económicas potencialmente contaminadoras, lo que afecta tanto a los grandes complejos industriales como a las industrias de tamaño medio.
– Dotar de seguridad jurídica a las empresas frente a la actuación inspectora de la Administración.
– Satisfacer la demanda social para que se estreche la vigilancia a las compañías potencialmente contaminantes.
Otro de los aspectos fundamentales que se abordan en el decreto es el fortalecimiento de la cooperación entre las diferentes administraciones, lo que implica que el Principado podrá suscribir convenios tanto con el Gobierno central como con los ayuntamientos, con el fin de mejorar la eficiencia en el ejercicio de sus potestades en materia de protección e inspección ambiental.
De acuerdo con el programa anual de inspecciones de la Viceconsejería de Medio Ambiente, en 2018 se incoaron 1.054 expedientes de control ambiental en 69 concejos, un 3% más que el año anterior. De ellos, el 39% tuvo origen interno y otro 37% fue motivado por denuncias.
Los residuos siguen estando detrás de casi la mitad de los expedientes (un 49% del total), y las afecciones a la atmósfera se sitúan en segundo lugar, con un 33%. Al igual que en 2017, el 80% de las actuaciones inspectoras se desarrollaron en 23 municipios. Además, el personal del Servicio de Control Ambiental levantó 704 actas, lo que supone un 16% más que en 2017 con el mismo personal inspector.