Concha Masa, diputada de IU en la Junta General, exigió esta mañana al Gobierno autonómico que deje de mirar para otro lado en el Centro de Menores de Sograndio después de que el Comité Europeo de Prevención de la Tortura hiciese público un informe en el que se constata casos de maltrato a los menores. La diputada de IU preguntó, además, por qué es ahora cuando el Principado decide solicitar la investigación a la Fiscalía cuando “tienen acceso a este informe desde abril de este año” y no se han interesado hasta que los resultados del Comité han sido públicos. Masa advirtió también que en el caso de Sograndio llueve sobre mojado, al menos desde 2012, fecha en la que ya se produjo un primer informe del propio Servicio de Prevención de la Administración del Principado de Asturias denunciando el estilo totalmente autoritario de la Dirección del Centro y otros posteriores de distintas instituciones. “A mi grupo le preocupan extraordinariamente los derechos humanos y no nos vamos a quedar impasibles ante cualquier sospecha de vulneración, máxime cuando afecta a los menores, pero también nos preocupan igualmente los derechos de los trabajadores. En este centro están en entredicho ambas cosas”, explicó en la pregunta que esta mañana formuló ante el pleno. Para Concha Masa el centro no debería dar un trato carcelario.
Masa explicó, en primer lugar, el respeto de IU y la comprensión hacia el colectivo de trabajadores y trabajadoras de ese Centro, tanto el personal socioeducativo, como el sanitario y el de vigilancia. “Sabemos que trabajan en un ámbito especialmente complejo, con personas que, además de ser menores de edad, son muy conflictivas, en general, y que su labor requiere una formación, una estabilidad y una fortaleza de ánimo admirables.”. Y también el reconocimiento del valor del Centro en su conjunto, de su carácter público y del esfuerzo que hace nuestra Comunidad Autónoma para mantener un centro público de esas características, dotado de unos medios materiales y humanos inestimables. Sin embargo, expresó que tiene la impresión de que las deficiencias en el funcionamiento de este Centro, lejos de solucionarse, se enquistan y agravan, siendo los perjudicados no solo la plantilla, sino los menores internos, y esto dificulta aún más la su resocialización.
La diputada de IU aseguró que es importante saber en qué consistirá esta investigación de la Fiscalía. “Recordamos que tanto el Juzgado de Menores, como la Consejería y la Fiscalía (como se recoge en el Reglamento de la Ley de Responsabilidad Penal de Menores) tienen la responsabilidad de inspección del centro para garantizar que se respetan los derechos de los menores internados”, dijo. ¿Se limitará esta investigación a que el Fiscal reciba información del Director del Centro? ¿Se va a cuestionar las actuaciones de la Dirección, o sólo las del resto de la plantilla, como viene sucediendo con anterioridad? ¿Asumirá la responsabilidad la Dirección o esto se saldará con expedientes disciplinarios a trabajadores?, se preguntó. Del mismo modo demandó la puesta en marcha de la Comisión Asesora del Centro, al que está obligado, cuándo se revisará el proyecto del centro, contando con los trabajadores y para que sea una unidad educativa en su conjunto, realice formación específica para el personal, entre otras cuestiones.
La respuesta del Gobierno, ofrecida por su consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, fue la de explicar que discrepar de las consideraciones del informe del Consejo de Europa , y garantizó que los internos de Sograndio reciben un trato adecuado y estrictamente ajustado a la normativa vigente. “Nosotros hemos hecho alegaciones para intentar desmontar todos los argumentos del Consejo Europeo, desmontando uno a uno cada hecho”, explicó. Martínez puntualizó que los medios de sujeción son legales y solo se han usado en casos de extrema violencia. “En 2016 solo se ha sujetado a objeto fijo a dos internos, y en 2017 solo una vez, con un interno de los que se usó el año pasado por extrema violencia, siempre acompañados e informada la fiscalía”.
Aún así el Consejero de Presidencia se comprometió a: lograr un programa para los próximos cinco años, revisar los 34 protocolos de actuación, dar protagonismo a la comisión asesora, -no constituida pero con compromiso de constituirla en dos meses-; articular mecanismos información a los grupos parlamentarios, promover objetivos del centro, remitir a la Junta un informe anual sobre la gestión del centro; fijar un plan de inversiones para hacer frente a actuaciones necesarias, así como proponer también hacer una jornada específica en el centro y una evaluación externa del centro, así como a reforzar la unidad terapéutica del centro.