El Gobierno de Asturias ha destinado desde el inicio de la presente legislatura 16.138.578.91 euros para atender la demanda de servicios de justicia gratuita. Se trata de un incremento de 5.217.774 euros para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, principalmente las de aquellos con menos recursos económicos, como consecuencia de la crisis y de la aplicación por el Ejecutivo central de la Ley de Tasas.
El consejero de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez, y el director general de Justicia e Interior, José Luis Villaverde, se han reunido esta mañana con representantes de los colegios de abogados y procuradores de Oviedo y Gijón, con los que han analizado el incremento presupuestario del turno de oficio en los tres últimos años y la nueva fórmula para agilizar el pago, mejorando el marco legal existente. Al encuentro asistieron en representación del Colegio de Abogados de Oviedo, su vicedecano, Luis Albo Aguirre, y Beatriz Rodríguez Zapico, mientras que por el de Gijón, estuvo su decano, Sergio Herrero, y Sara Fernández Sordo. También participaron en la reunión las decanas de los procuradores de Oviedo y Gijón, Laura Fernández-Mijares y Ana Cecilia Balderraín, respectivamente.
El Gobierno del Principado ha hecho en los últimos tres años una firme apuesta por el fortalecimiento del servicio de justicia gratuita, tanto en las partidas presupuestarias, como en la agilización de las subvenciones a los profesionales. Tras las reuniones celebradas en los últimos meses a iniciativa del Ejecutivo se ha logrado acortar los tiempos para materializar los pagos.
Trimestralmente y dentro del mes natural siguiente, los cuatro colegios de abogados y procuradores de Oviedo y Gijón solicitan la subvención por una cuantía concreta, incluyendo las retribuciones de los profesionales generadas durante el periodo anterior y los gastos de gestión.
Hasta la fecha, el periodo medio de pago era de 4,4 meses. A partir de ahora, Asturias acorta estos plazos, a una media de tres meses. El compromiso del Gobierno asturiano para agilizar los trámites administrativos y presupuestarios facilita esta notable mejora en los periodos de pago.
La asistencia jurídica gratuita se trata de una subvención que se abona a los colegios abogados y procuradores, previa solicitud de estos “a trimestres vencidos”, una modalidad regulada por Ley y reglamentada por un decreto. Es, por tanto, una subvención a corporaciones de derecho público, como son los colegios profesionales, y no el abono de una factura por servicios prestados a la administración pública.
Estas mejoras se han podido alcanzar gracias al permanente diálogo y cooperación entre los colegios de abogados y procuradores y el Gobierno asturiano y los esfuerzos que estos colectivos profesionales realizan. Entre ellos destacan la inmediata puesta en práctica de los envíos electrónicos de los expedientes por parte del Colegio de Oviedo, con lo que la supresión de papel será una realidad, de la misma manera que ya lo está haciendo, desde hace un tiempo, el Colegio de Gijón, lo que permitirá reestructurar y mejorar la organización del trabajo. Es importante destacar que el Colegio de Oviedo supone dos tercios del total de expedientes de asistencia jurídica gratuita
Incremento de las partidas para la justicia gratuita.
Las partidas presupuestarias para la asistencia letrada gratuita a los asturianos y asturianas con rentas más bajas se ha incrementado de forma notable durante los dos últimos años en el Principado, compromiso que contrasta con la Ley de Tasas impuestas por el Gobierno central y que dificulta el acceso a las prestaciones judiciales gratuitas a los ciudadanos más castigados por la crisis.
Desde el inicio de la presente legislatura hasta el momento, el Gobierno del Presidente Javier Fernández ha destinado al pago del turno de oficio 16.138.578,91 euros. Las consecuencias de la crisis ha elevado la demanda de la asistencia gratuita, lo que ha obligado al Ejecutivo asturiano a elevar las partidas en 5.217.774 euros.
Los presupuestos del Principado también han incluido subidas a la justicia gratuita:
•En 2013, después de un año de inactividad institucional, se elevó la dotación en presupuestaria en un 40% respecto a 2012, alcanzando la cifra exacta de 3.801.000 euros,
•En 2014, el Gobierno propuso un nuevo incremento de esta partida en un 28,91% pasando de 3.801.064 euros a 4.900.000, lo que no se materializó por la prórroga presupuestaria.
•y en la partida destinada a la asistencia jurídica gratuita experimenta un crecimiento de un 16,28%, al ascender a 4.419.804.
Las últimas cifras disponibles, correspondientes a los dos últimos años, señalan que 29.025 asturianos fueron atendidos por este servicio. Es destacable el aumento producido, como consecuencia de la Ley de Tasas y de la incidencia de la recesión económica, del número de demandantes entre 2013 y 2014, al pasar de 11.691 a 17.334.
La consideración de la administración de justicia como un servicio público esencial en un Estado de Derecho es un objetivo irrenunciable para el Gobierno de Asturias, precisó el Consejero de Presidencia, quien añadió que con estos acuerdos con los representantes de los abogados y los procuradores representan un paso más en la mejora de la prestación del turno de oficio, tanto para los profesionales como para toda la ciudadanía.
Guillermo Martínez exigió al Gobierno central que cumpla con el mandato de la Ley de Tasas, en la que se prevé destinar una cantidad del dinero recaudado a sufragar el turno de oficio, circunstancia que hasta la fecha no ha hecho. “Asturias se ha mostrado en contra de esta norma, porque siempre ha considerado a la administración de justicia un servicio público, pero si la ley contempla destinar parte del dinero recaudado a la asistencia jurídica gratuita el Ejecutivo del señor Rajoy debe cumplir con ella”, puntualizó el titular de Presidencia.
No es la primera vez que el Gobierno asturiano reclama al Ministerio de Justicia que cumpla sus compromisos con Asturias. El Consejero de Presidencia lo ha hecho en reiteradas ocasiones, tanto en encuentros personales con el Secretario de Estado de Justicia; en las conferencias sectoriales, la primera en diciembre de 2013 y la segunda en noviembre de 2014; en las reuniones técnicas de los directores generales de las comunidades autónomas en el ámbito de la Dirección General de Justicia, o en los foros más específicos, como el Grupo de Trabajo que debatió la propuesta de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que aún no ha sido presentada por el Ejecutivo central.
Guillermo Martínez demandó también que el Gobierno de España, con las comunidades autónomas con competencias transferidas de justicia, establezca un sistema que garantice la financiación suficiente para mantener el sistema de asistencia jurídica gratuita. “Así lo hemos solicitado como le decía en todas las ocasiones en las que nos hemos dirigido al Ministerio de Justicia e, incluso, lo planteamos en una propuesta conjunta con Andalucía y Canarias de un modelo de financiación en el que la distribución y reparto ha de hacerse anualmente aplicando un criterio ponderado y proporcional que armonice lo recaudado en cada territorio por las tasas judiciales con el número potencial de personas con derecho a la asistencia jurídica gratuita”, afirmó el Consejero de Presidencia.
El impacto real de la entrada en vigor de la Ley de Tasas, por la que se modifica la Asistencia Jurídica Gratuita, tuvo ya su reflejo económico durante el tercer y cuarto trimestre de 2013, con un incremento de 44.000 y 42.000 euros, respectivamente, respecto a los mismos periodos del año anterior, experimentando una espectacular subida en el primer y segundo trimestre de 2014 con subidas de 282.000 y 208.000 euros, respectivamente. De hecho el incremento presupuestario de 2015 en parte está destinado a amortizar las subidas producidas por la entrada en vigor de la ley de tasas, a expensas de que el Ministerio de Justicia ofrezca una solución satisfactoria en la financiación que corresponde a Asturias.