Uno de cada tres españoles reconoce haber utilizado en alguna ocasión alguna de las múltiples plataformas clasificadas y etiquetadas como servicios de la economía colaborativa. Así lo confirma un reciente cuadro de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Desde el colectivo Sharing España, alianza que promueve e impulsa a iniciativas y empresas de este nuevo sector productivo, cifran en 400 las empresas de economía colaborativa que hay en España (son españolas u operan en España).
Además de las mundialmente conocidas como pueden ser Uber, BlaBlaCar o Airbnb, la economía de colaboración entre pares ha llegado a todos los sectores: desde la limpieza cristales a la búsqueda de profesionales para cualquier sector.
Recientemente, la burbuja en torno a los múltiples beneficios que aportan este tipo de plataformas de P2P, o persona a persona con la única intermediación de la plataforma que las conecta, ha saltado por los aires a raíz de la huelga de repartidores de la empresa Deliberoo.
Después de dos años de éxito social y económico, los trabajadores alzaron la voz para reclamar unas condiciones mínimas de trabajo. De la mano de este tipo de iniciativas resurgen figuras ilegales como los falsos autónomos. Así, quienes quieren trabajar en estas compañías deben darse de alta como autónomos, dependiendo por tanto del número de horas y servicios que realizan para cubrir gastos y malvivir, denuncian.
Sin embargo, la lucha tradicional se ha mantenido con el resto de representantes de los sectores en los que operan. Así desde las empresas de reformas integrales de viviendas en Madrid reclaman una tributación similar a este tipo de empresas que aprovechan la ausencia de legislación en España, aseguran, para instalarse, no tributar y generar empleos precarios.
La economía colaborativa: algo muy viejo, renovado
Se tiende a asimilar la economía colaborativa como una consecuencia de la tecnificación de la sociedad. No obstante, los sociólogos insisten en que estas pautas de comportamiento son tan antiguas como la propia humanidad. El hombre, explican, busca siempre la forma de suplir sus necesidades de la forma que menos gravoso sea para él.
De esta necesidad surgieron hace algunos años los llamados bancos de tiempo, iniciativas de personas que se unen para organizarse y suplirse unos a otros en aquellos aspectos que no pueden solventar por ausencia de conocimiento. Los sociólogos apuntan a esta modalidad como la auténtica economía colaborativa, y añaden, que solo en estos casos si necesitas un manitas a domicilio en Madrid, lo podrás tener a cambio de que tú devuelvas el servicio.
La tecnología ha venido a impulsar una realidad muy presente durante la pasada crisis económica, explican los expertos. Cuando una persona tiene necesidad de alojarse en una localidad lejana por cualquier motivo y no tiene recursos, aprovecha cualquier oferta que se ajuste a lo que pueda pagar o a lo que esté dispuesto a pagar por ello.
Que se hayan multiplicado las plataformas que conectan a usuarios con otros usuarios y empresas de limpieza en Las Rozas no es sino la adaptación de los nuevos tiempos a la realidad social. Hoy el ciudadano establece un valor a cada servicio y si puede encontrarlo por ese valor o uno menor, no aplicará a la opción más cara, ignorando algunas desventajas en el proceso.
Cuestión de selección, según los promotores
En el otro baremo de la balanza se encuentran los promotores, quienes aseguran que su único delito ha sido encontrar una forma de dar respuesta a una necesidad del mercado por una vía ajena a los sistemas tradicionales. Según ellos, se limitan a hacer cumplir la ley de la oferta y la demanda sin necesidad de generar tantos márgenes para los intermediarios.
Los sectores tradicionales se alzan en huelgas y protestas
Desde los sectores más afectados inciden con vehemencia en que su actividad favorece el capitalismo más radical: se aprovechan de la falta de regulación, impositiva en la mayoría de los casos, para bajar los precios y realizar competencia desleal respecto a los agentes tradicionales.
Así, por ejemplo en el caso de Airbnb, los operadores reclaman que se exija no solo a las plataformas sino también a los propietarios que dispongan de la licencia correspondiente para ofrecerse como alojamientos. A mayores, los que se suman a este argumento insisten en la precariedad laboral que generan estas empresas y la pérdida de empleo que supone para la economía.
Otra de las aristas que están comenzando a afectar a la imagen que tiene la sociedad de este tipo de iniciativas es su escasa tributación en los países en los que opera, España entre ellos.
A falta de una regulación única
Finales de 2014. España prohibe por ley la actividad de Uber en todo el territorio. La expansión internacional de la compañía se frena y con ello el miedo se instala en el resto de propuestas. Sin embargo, después de que Uber consiguiera sortear el marco legal, la revolución colaborativa ha seguido su curso.
La revolución socioeconómica camina adelantada a la capacidad de los estados y los organismos para legislar. Europa lleva años promoviendo y rechazando una regulación que es demandada fuertemente por los actores económicos de los estados miembros.
En España, la complejidad se multiplica dado que este tipo de atribuciones se ha derivado a las autonomías, lo que obstaculiza la redacción y aprobación de un marco legal mínimo. Así, regiones como Cataluña ya han tomado la delantera regulando no solo la actividad sino los códigos de buenas prácticas con las que deben operar.