Marta Pulgar, diputada de IU en la Junta General responsable de Derechos Sociales, puso de relieve la preocupación de la coalición, compartida con la sección sindical de CCOO en el ERA (Establecimientos Residenciales Asturianos) sobre la externalización de operarios de servicios en este organismo y las repercusiones que tiene para la calidad de atención a los usuarios y para los trabajadores contratados de manera precaria. Pulgar señaló que durante este ejercicio la Consejería externalizará ocho plazas de operarios de servicios bajo la excusa de que no son personal de atención directa, cuando en estos momentos existe la “oportunidad” que ofrece el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público estatal que permite la reposición del 100% . Esas ocho plazas no pueden ser excusa, en este momento, para dar cobertura a las más de 60 plazas de auxiliar de enfermería que se necesitan para poner en marcha las residencias que están a medio funcionamiento en Asturias, como son las de Castrillón, Sotiello, Lastres, Arriondas o el Nodo, explicó Pulgar. “Es el momento de frenar la destrucción de empleo público”, dijo la diputada.
El objetivo último de IU es ofrecer un servicio de calidad que va directamente ligado a un empleo de calidad, porque “desgraciadamente” el empleo que se ofrece en las contratas es precario y con mucho menor salario. En este caso defendió que el ERA haga un seguimiento de las contrataciones externas, para controlar la calidad del empleo y su incidencia en el servicio. En este momento son alrededor de 90 las plazas de operarios de servicios en el ERA, dedicados a labores de mantenimiento, lavandería, limpieza o cocina.
Con la sección sindical de CCOO en el Era también abordó la diputada de la apertura de la unidad de convalecencia de la Residencia Mixta de Gijón o planta de atención sociosanitaria. En este caso los trabajadores del ERA quieren saber con qué personal se va a abrir esta unidad, prevista para finales de año, si con personal de Derechos Sociales o del SESPA, dado que funcionará con un convenio entre ambos departamentos.
Del mismo modo, demandó un estudio profesional y externo de valoración de cargas de trabajo, una investigación comprometida por la dirección del ERA, pero aún sin concretar. La diputada incidió en que más allá de cumplir las ratios de personal que marca la normativa, este estudio implicaría valorar las cargas de trabajo del personal en función del grado de dependencia de los usuarios y así amoldar las plantillas a esas necesidades para una mayor calidad del servicio.