Cada día, se están descubriendo nuevas tramas fiscales que utilizan las multinacionales y los elevados patrimonios con la intención de reducir la presión fiscal. Sin embargo, no existe ningún tipo de normativa que sancione este tipo de prácticas a nivel europeo. De esta forma, Bruselas, insta a bancos, asesores o abogados fiscalistas de la Unión Europea a comunicar a las autoridades nacionales en un plazo de cinco días, cuál es la planificación fiscal de sus clientes.

La nueva ley afectará a la ingeniería fiscal que conlleve movimientos de capital de un país a otro. De esta forma, la Comisión Europea exige a los gobiernos nacionales que multen a aquellas firmas que se nieguen a informar.

Todas las estrategias de planificación fiscal requieren de un experto que las idee. El objetivo de esta estrategia suele ser por lo general, proteger el patrimonio. Ante esto, ni el cliente ni el asesor suelen rendir cuentas a las autoridades sobre este tipo de acciones. Es por ello, que la Comisión Europea quiere obligarles a entregar automáticamente información fiscal modificando una directiva sobre cooperación entre los Estados.

Tras recibir la información, cada Gobierno nacional deberá compartirla con el resto de socios de la Unión Europea para detectar modelos fiscales ventajosos que puedan suponer una importante alteración de la presión fiscal de los titulares de servicios de planificación fiscal. Según Bruselas, no todas las estrategias de planificación fiscal son ilegales, aunque por lo general son operaciones que pueden tentar a pagar menos impuestos.

El principal motivo para llevar adelante este proyecto son los datos que arrojan los PIBs de los estados miembros. Las empresas se están recuperando de la crisis. Sin embargo, esto no se refleja en el PIB nacional y uno de los posibles factores que influye en esta situación son las operaciones de ingeniería fiscal de las multinacionales, unas acciones que implican a varias jurisdicciones. Por ello, se está pidiendo más cooperación dentro de la Unión Europea para tratar este problema, según la Comisión Europea.

De esta forma, los despachos de asesores, abogados y los servicios de wealth management que ofrece la banca privada se verán afectados por esta medida debido a que tendrán que informar a las autoridades cuáles han sido las estrategias que se le han ofrecido al cliente. Con ello, se pretende luchar contra los acuerdos de riesgo, es decir, ventajas fiscales donde la empresa exige una confidencialidad sobre lo firmado y donde el intermediario factura por los beneficios de reducir la presión tributaria del beneficiario.

Intermediarios exentos de informar
Desde Foster Swiss, recomiendan evitar aquellas firmas, despachos o entidades bancarias domiciliadas en alguno de los países miembros de la Unión Europea ya que éstas estarán exentas de informar a las autoridades fiscales.

Despachos como Foster Swiss, con más de 15 años de experiencia en el sector del wealth management ofrecen la confidencialidad que caracteriza a los abogados suizos, obligados a guardar el secreto profesional. Solo de esta manera, las estrategias de planificación fiscal no trascenderán a los gobiernos y podrá “operar con total discreción” afirman desde Foster Swiss.

Sin embargo, a la hora de elegir las firmas que mayores garantías le vayan a dar, es mejor decantarse por las suizas, según Foster Swiss. La legislación suiza contempla una fuerte protección de la confidencialidad debido a que el derecho constitucional en Suiza concede un alto valor a la protección de la intimidad.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Suiza ha hecho un fuerte hincapié en el secreto profesional con la intención de garantizar que los clientes de los servicios jurídicos y financieros puedan confiar plenamente en un abogado suizo.