La entrada en vigor del copago de los productos farmacéuticos recogido en el Real Decreto Ley 16/2012 de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud supuso para las personas residentes en Asturias un gasto aproximado de 36,6 millones de euros desde el 1 de julio de 2012 hasta el 31 de diciembre del pasado año, una vez descontado el importe que la Administración autonómica ha devuelto a aquellos usuarios que excedieron su límite de aportación.
La Consejería de Sanidad comenzó a aplicar el copago de los productos farmacéuticos el 1 de julio de 2012, tal y como establecía el Real Decreto elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Hasta esa fecha, los trabajadores activos abonaban en la farmacia el 40% del importe de sus medicamentos, mientras que los pensionistas estaban exentos del pago.
A partir de ese momento a los ciudadanos se les enmarcó en uno de los tramos diseñados por el ministerio, de modo que ahora los pensionistas, en función de su renta, no pagan nada o abonan el 10% o el 60%, con unos topes de aportación. Por su parte, los trabajadores activos se enmarcan también en tres grupos y abonan en la farmacia el 40%, el 50% o el 60%, según su renta.
De los 36,6 millones aportados desde julio de 2012 por los ciudadanos, 5,6 se corresponden con los cobros realizados entre julio y diciembre de 2012, mientras que en 2013 y 2014 los usuarios abonaron por sus medicamentos con receta 15,3 y 15,5 millones, respectivamente.
Además, desde el 1 de agosto de 2012 el Ministerio excluyó de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud 426 medicamentos de uso común como la codeína, las lágrimas artificiales o la acetilcisteína, indicados para el tratamiento de enfermedades tan comunes como los catarros, los herpes o la diarrea, lo que supone un perjuicio para las rentas medias y bajas.
En Asturias, el copago se puso en marcha por imperativo del Gobierno de España, manteniendo el circuito habitual de consulta médica o de enfermería y de retirada de los medicamentos prescritos en las oficinas de farmacia. La única novedad es que las recetas emitidas desde entonces llevan un código previamente cargado en la base de datos de la historia clínica electrónica en el que se especifica el tipo de aportación del usuario en la prestación farmacéutica.
La generalización del sistema de receta electrónica en los centros de salud ha permitido identificar a 63.900 personas que han dejado de abonar 1,2 millones de euros por retirar sus fármacos una vez que han alcanzado su techo máximo de copago mensual, con lo que la Administración también evita las pertinentes devoluciones.
El Ministerio de Sanidad planteó también instaurar otros copagos en servicios como la farmacia hospitalaria, el transporte sanitario no urgente en ambulancia, la prestación ortoprotésica y los productos dietoterapéuticos, lo que habría supuesto nuevos impuestos a la enfermedad y un claro atentado contra el principio de universalidad de la sanidad pública.