Gaspar Llamazares, diputado de IU de Asturias en el Congreso, registró el pasado 3 de noviembre una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que solicita respuesta escrita a las dificultades existentes para la realización de prácticas en las profesiones marinas, a pesar, como subraya el diputado, de que la patronal naviera (ANAVE) recibe presupuesto del estado anual para dicha formación. Para más inri, denuncia el diputado asturiano, se encuentran entre las profesiones de difícil cobertura en el catálogo del ministerio de empleo, lo que permite a las navieras contratar extranjeros con bajos salarios de forma legal.
Llamazares demanda información al Gobierno sobre cuál es la razón para la falta de buques disponibles para prácticas cuando la patronal naviera recibe un presupuesto del estado para ello y exige al ejecutivo promover un convenio que garantice la realización de las prácticas a todos los egresados de las escuelas de Marina de la universidad pública. Del mismo modo, pregunta sobre si existe algún tipo de medida de control para el empleo del dinero definido en los presupuestos del Ministerio de Fomento como “a Anave por los costes de formación a alumnos embarcados en prácticas”, cuántos alumnos de puente o de máquinas han realizado sus prácticas beneficiándose de ese dinero, y por qué no se entrega esa cuantía a cada armador en concepto de alumno embargado en lugar de a la asociación patronal.
Llamazares recuerda que para ejercer las profesiones marinas hay que cursar exitosamente unos estudios superiores, bien diplomatura o licenciatura o bien un grado superior, una vez conseguida esa meta, por ley y convenio internacional, hay que ejercer un año como ‘oficial alumno’ como condición sine qua non para poder así colegiarse y obtener el título de trabajo de oficial de puente o máquinas de la marina mercante. “Huelga decir que sin ese periodo de año de alumno es del todo imposible ejercer la profesión y los estudios sufridamente terminados se vuelven un esfuerzo fatuo”, advierte el diputado.
El diputado asturiano también se preocupa por la no existencia de la categoría “alumno de máquinas o puente” o de oficial de segunda o primera en el Servicio Público de Empleo (SEPE) y con qué argumentos mantiene este servicio la inclusión de las profesionales marinas en el catálogo de difícil cobertura, con la cifra que hay de nuevos oficiales y marinos cada año que no se pueden dar de alta en el mismo.
Además de estas y otras preguntas registradas, Llamazares pide informes al Gobierno sobre el número de profesionales que han salido anualmente de las escuelas de Marina Mercante con título académico en cada uno de los cinco últimos años, el número de alumnos que están a la espera para realizar las prácticas, que son imprescindibles para la obtención del título profesional y el número de profesionales marítimos que están inscritos como demandantes de empleo.