El máximo responsable del Gabinete Jurídico Interfederal de CCOO, Enrique Lillo, ha señalado que cree que ‘Coca-Coca Iberian Partners’ «está buscando el no cumplimiento exacto de la sentencia» que declaraba nulo el despido colectivo que afectaba a 1.190 trabajadores de las plantas de Asturias, Fuenlabrada (Madrid), Palma de Mallorca y Alicante.
En este punto, el responsable sindical ha recordado que la empresa «se comprometió a dar unas funciones a los trabajadores, y elaboró un manual de organización y funcionamiento del centro; pero ni esas funciones se están realizando, ni el manual se está poniendo en práctica». Ante ello, ha apuntado que «la batalla no ha terminado, y veremos el desenlace que tiene».
En declaraciones a Europa Press, uno de los responsables de defender a los trabajadores de ‘Coca-Coca Iberian Partners’, ha recordado que la compañía «ha adoptado un compromiso frente a un órgano judicial; y si ese compromiso es falso, y fruto de un invento para dar una apariencia de readmisión, el asunto puede tener otras dimensiones».
Lillo ha participado, junto secretario de Acción Sindical Confederal de Comisiones Obreras, Ramón Górriz, y al secretario general de CCOO La Rioja, Jorge Ruano, en la I Jornada de la Escuela Sindical FOREM-CCOO, en la que además de analizar la reforma laboral, se ha expuesto el caso ‘Coca-Cola’.
Sobre ello, el responsable sindical ha recordado que en este asunto el despido se declaró nulo «por la vulneración del derecho fundamental de huelga». De ahí, «la importancia que tiene si se va reforma la Constitución se consolide la prevalencia de los derechos fundamentales de trabajadores, como son el de huelga y de libertad sindical».
También ha dicho que pesó que «frente a la literalidad de la reforma laboral en cuanto a flexibilizar el despido de manera más barata, hay que acudir al derecho comunitario», que fija en el caso de los despidos colectivos, la existencia del «derecho a la información, la consulta y la negociación colectiva con arreglo a la buena fe».
En el caso de ‘Coca-Cola’, Lillo ha afirmado que «no se respetó el derecho a una negociación colectiva efectiva de conformidad con la buena fe», porque «lo que hizo la multinacional y las embotelladoras españolas fueron prácticas de sustitución de la huelga, para impedir la efectividad de la negociación colectiva durante el periodo de consultas e imponer su voluntad, que consistía en hacer un despido colectivo, indemnizado, a pesar de que no había causa».
Ahora, el máximo responsable del Gabinete Jurídico Interfederal de CCOO dice que queda que la de «cumplimiento real a la readmisión, porque a pesar de que el centro está abierto sigue sin haber el trabajo efectivo que necesita para el mantenimiento productivo de ese centro».